Nuevo capítulo de la larga historia de Argentina con los tenedores de deuda soberana argentina que se negaron a aceptar la quita impuesta tras el default de 2001 y a los que los tribunales estadounidenses han dado la razón.
Tras dos años en los que las negociaciones se mantuvieron congeladas por la decisión del Ejecutivo de Cristina Fernández de no acatar la sentencia conocida como ‘pari passu’ –que establece que todos los acreedores tienen el mismo derecho de cobro, en vez de un orden de prelación– el nuevo gobierno liderado por Mauricio Macri ha decidido reanudarlas de forma prioritaria, con el objetivo de que Argentina deje de estar en situación de impago y pueda volver a financiarse en los mercados internacionales a precios razonables. Una cuestión importante, sobre todo después de hacer público un déficit heredado del 7%, el más alto en 40 años.
Aunque el gobierno se ha comprometido a presentar antes de mes una nueva propuesta para repagar la deuda –que ya asciende a cerca de 10.000 millones de dólares– la actual legislación argentina le impide hacerlo, por lo que tendrá que conseguir la autorización del Congreso, donde el partido de Macri no cuenta con mayoría, antes de poder resolver definitivamente esta cuestión.
Buenas perspectivas
Pese al difícil entorno económico que vive Argentina, con una inflación que ya ronda el 30%, los analistas internacionales ven con buenos ojos las reformas que está llevando a cabo el nuevo gobierno. “El cambio en la política de Macri ha sido, hasta el momento, menos traumático de lo que muchos esperaban, pero creemos que no hay lugar para la complacencia. Mientras esperamos una aceleración temporal de la inflación y la debilidad de la actividad económica en el primer semestre del año, el crecimiento del PBI real debería repuntar en la segunda mitad. Si el ajuste pro-mercado se mantiene por este camino, la economía podría crecer entre 3% y 4% en 2017”, explican desde el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por sus siglas en inglés) en un informe citado por cronista.com.