A los dos supuestos excepcionales que permiten el rescate anticipado de los derechos consolidados de un plan de pensiones –enfermedad grave y paro de larga duración- el legislador añadió el pasado mes de mayo uno nuevo: la existencia de un procedimiento de ejecución de la vivienda habitual del partícipe. Para María Asunción Bauzá, socia del Área Mercantil de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, dicha medida tendrá escasa efectividad porque los requisitos que impone la norma para el rescate serán “difíciles de cumplir en muchos de los casos de partícipes con necesidad de recurrir a esa nueva medida”.
Actualmente, ante la posibilidad que se plantea de abrir una cuarta ventana de liquidez que, de manera similar a las EPSV vascas, permitiera el rescate a los 10 años de permanencia en el plan, Bauzá afirmó que se corre el riesgo de “desnaturalizar” la figura de los planes de pensiones, cuyo ahorro tiene por único destino la previsión social, al tratarse de “un instrumento finalista, a largo plazo y cautivo” que, a cambio de esa iliquidez, permite el diferimiento del IRPF.
Asunción Bauzá participó junto al Subdirector General de Planes y Fondos de Pensiones, José Antonio de Paz Carbajo, y a Juan Manuel Vicente, socio de Kessler & Casadevall AF, en un desayuno organizado en la sede de Eurocofin para analizar el reto de la industria de las pensiones en España y revisar los resultados del “Barómetro de las Pensiones Privadas en España” impulsado por Robeco y AXA IM y elaborado por Funds People y Kessler & Casadevall AF.
Al abordar la posibilidad de rescate en los casos de desahucio de la vivienda habitual, Bauzá destacó como principales trabas el hecho de que se imponga como exigencia legal que los derechos consolidados deban ser suficientes para evitar la ejecución de la vivienda.
Respecto al posible cuarto supuesto de rescate a los 10 años que podría incorporar la nueva normativa que en esta fechas se está perfilando en Seguros, Bauzá Abril valoró que esa no parece ser la vía para vender más planes de pensiones teniendo en cuenta que “el legislador del País Vasco ya no permite el rescate a los 10 años en las EPSV y planes de previsión de la modalidad de empleo preferentes y podría restringir esa posibilidad en las otras modalidades”.
La Socia vinculó el desarrollo actual de los sistemas de previsión social a los incentivos fiscales que desde origen han tenido y mantienen los planes de pensiones e instrumentos asimilados a ellos, en línea con lo declarado por el Subdirector General de Seguros y valoró positivamente la información sobre la posible futura pensión que los ciudadanos con determinada edad recibirán de la Seguridad Social y de las gestoras de sistemas de previsión social.
Aspectos controvertidos
Para Bauzá, que centró su intervención en los aspectos controvertidos de los planes de pensiones en la legislación actual, también es motivo de reflexión la ampliación de los casos en que un trabajador que extingue su relación laboral puede percibir su plan de pensiones introducida por la Ley de Presupuestos Generales para 2013: despido por causas objetivas, procedimiento concursal de la empresa, jubilación del empresario o desaparición de la empresa.
En su opinión “esto es algo beneficioso” pero también recordó que, al afectar a trabajadores aún en edad lejana a la jubilación, la percepción de la prestación de jubilación por esos motivos supondrá que cuando se jubilen realmente por la Seguridad Social ya no dispondrán del ahorro cuyo cobro hayan percibido en dichas situaciones; tal vez lo mejor habría sido obligar, en esos caso, a percibir la prestación en forma de renta vitalicia para evitar el consumo total de los derechos consolidados.
Otra fuente de conflicto tratada por Bauzá Abril fue la polémica prohibición de las aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación por parte de la Administración y empresas del sector público. Prohibición que se estableció en 2012, se ha mantenido en 2013 a pesar de permitirse que, sin incrementar la masa salarial, se puedan realizar contratos de seguro de riesgo, y que se mantiene en 2014 según prevé el texto de la recién aprobada Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014.
No obstante, con base en una enmienda transaccional entre PP y PNV, dicha Ley sí permitirá que se realicen aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación, siempre que se hayan suscrito antes del 31 de diciembre de 2011 y siempre que no se incremente la masa salarial. Para Bauzá, esto significa que ya en 2014 se podrán realizar aportaciones, “pero cuidado”, advierte, “como no se ha eliminado el requisito de no aumentar la masa salarial, será difícil hacerlo”. Como consejo, tanto por las situaciones actuales del 2013 como paras las futuras del 2014 que se puedan plantear por reducción de la plantilla de empleados, esta experta aconseja verificar con la Administración el alcance concreto de la prohibición.
