La consultora Roland Berger sigue buscando inversores para crear una agencia de rating europea, un proyecto que tiene previsto poner en marcha en el segundo trimestre del próximo año y para el que la alemana necesita captar 300 millones de euros. El objetivo: crear un modelo de ‘non profit’ basado en la normativa de Basilea II que permita restaurar la confianza en los mercados aportando los máximos criterios de transparencia.
Así lo explica en un encuentro con periodistas el socio responsable del proyecto, Markus Krall, quien además señala que dicha cantidad provendrá exclusivamente de las aportaciones efectuadas por una treintena de instituciones financieras de toda Europa, que invertirán cada una 10 millones en la puesta en marcha de este proyecto. La idea es que estas compañías puedan recuperar su inversión en un horizonte temporal de 5 años a través de la absorción de excedentes.
Sin embargo, para llevar a cabo esta idea, se hace imprescindible una reforma del marco regulatorio que permita crear un nuevo sistema de pago fundamentado en el inversor, en lugar de en los emisores de deuda sobre los que se emite la calificación, como sucede actualmente.
De cara a la composición del accionariado, Krall reconoce haber mantenido ya contactos con representantes de entidades bancarias, gestoras de fondos y consorcios de compensación de Alemania, Francia y Suiza. En lo que respecta a España, el responsable del proyecto desvela su interés por cuatro instituciones con las que actualmente mantiene conversaciones, si bien declina dar ningún nombre hasta que los acuerdos estén cerrados o sean éstas las que lo autoricen.
Tampoco está descartada la participación en su capital de instituciones de países fuera de la eurozona, como Reino Unido, o incluso del continente, como Estados Unidos, aunque lo prioritario en estos momentos es, a su juicio, generar una masa fuerte en el continente para posteriormente ir incorporando nuevos socios.
Preguntado sobre cómo logrará preservar la independencia de la agencia, Krall anunciaba su intención de no permitir a ningún accionista tomar una participación muy elevada en el capital de la nueva sociedad, así como contar en sus filas con un comité de sabios procedentes del mundo universitario cuya función sea la de elaborar la metodología con la que se evalúe la calidad crediticia tanto de estados como de instituciones financieras y empresas.
“Aunque no se pueden eliminar al 100% posibles conflictos de intereses, una base accionarial amplia y el hecho de contar con figuras y personalidades muy reputadas del mundo económico a la hora de elaborar los informes y emitir los ratings ayudará a minimizar este escenario”, indica. “Nuestro compromiso de independencia nos diferencia de S&P, Moody’s y Fitch, agencias que nunca han recogido dicho compromiso”, sentencia.