Este grupo de inversores, representados por ShareAction, considera que el capital humano y los derechos humanos no pueden considerarse áreas separadas.
Un grupo de 24 inversores, representados por ShareAction, organización no gubernamental de inversión responsable, escribió recientemente una carta en la que solicita al Consejo Internacional de Normas y Sostenibilidad (ISSB) que dé prioridad a la investigación sobre las normas de divulgación del capital humano y los derechos humanos en su próximo plan de trabajo bienal.
Este grupo de inversores, del que forman parte, por ejemplo, Achmea Investment Management y Robeco Asset Management, justifica esta acción porque considera imperativo dar visibilidad a estas cuestiones de forma conjunta. Refuerzan esta necesidad, especialmente en un escenario post-pandémico, con el elevado número de despidos, bajas incentivadas y estancamiento en la recuperación del mercado laboral. Para los ponentes, nunca ha estado tan clara la materialidad financiera del capital humano y los riesgos implícitos para las empresas.
Esta iniciativa se basa en una reciente encuesta realizada en el Reino Unido, en la que el 74% de los británicos afirma tener una opinión negativa de las instituciones financieras que invierten en empresas que no respetan los derechos humanos y las normas laborales. La carta también hace referencia a otros estudios que han demostrado una relación positiva entre los indicadores sociales y de gobernanza y el valor de las empresas.
El grupo también sostiene que el capital humano y los derechos humanos no pueden considerarse áreas separadas, sino interconectadas, y que tratarlas de forma aislada no refleja la realidad de las prácticas de mercado. Por ello, instan al ISSB a revisar su posición al respecto, señalando que en la práctica ni las empresas ni los inversores tratan el capital humano y los derechos humanos como dos áreas distintas y separadas. También mencionan conceptos como sindicalización, diversidad e inclusión como parte integrante de ambos temas y que separarlos conceptualmente podría dar lugar a interpretaciones erróneas y a solapamientos con el actual marco de divulgación social.
Este grupo de inversores está convencido de que la demanda por parte de los inversores de más y mejor información relacionada con la mano de obra se encuentra en un nivel sin precedentes. Así lo demuestran los más de 60 inversores, con más de 10.000 millones de dólares en activos bajo gestión, que son signatarios de la Labour Disclosure Initiative (WDI), y los 255 inversores que han suscrito la iniciativa Advance de los Principios de Inversión Responsable de las Naciones Unidas (UNPRI) sobre derechos humanos.
