De cara a la inminente entrada en vigor de la modificación de la normativa MiFID II, EFPA España alerta de su enorme complejidad técnica y de implementación. Por ello, apuesta por simplificar las directrices para considerar las preferencias de sostenibilidad de los clientes con el objetivo de facilitar la comprensión de los inversores.
A partir del 2 de agosto, las entidades y asesores financieros deberán integrar las preferencias de sostenibilidad de sus clientes en el proceso de evaluación de la idoneidad. Proceso que se lleva a cabo al prestar servicios de asesoramiento o de gestión discrecional de carteras. Además de la complejidad de la normativa, tal y como la propia asociación denunció en una carta a la Comisión Europea en diciembre de 2021, su entrada en vigor llega antes de la entrada en vigor de las necesarias normas técnicas regulatorias (RTS) del Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR).
Para EFPA, la normativa también adolece de una falta de concreción que requiere de unas directrices en las que ESMA sigue trabajando. La aprobación de estas directrices está prevista para el tercer trimestre del año y su entrada en vigor podría producirse seis meses después de su traducción a todas las lenguas oficiales. Es en ese momento cuando la CNMV las incorporará a sus procesos de supervisión.
Sin embargo, paradojas de las normativas, a partir del 2 de agosto, las entidades deberán tener adaptados sus propios sistemas y procesos para realizar las preguntas pertinentes a sus clientes. El objetivo es identificar sus preferencias en relación con la sostenibilidad y explicarles en un lenguaje sencillo y comprensible los aspectos sobre los cuáles se recaban sus preferencias.
Consideraciones a tener en cuenta
Ante este escenario, EFPA España realiza algunas consideraciones a tener en cuenta de cara a la implementación de la nueva norma incorporada a MiFID II.
Es una norma enormemente relevante para los inversores, los asesores financieros y para las entidades. Con este nuevo paso se incorporan criterios y preferencias de sostenibilidad y se integran en la evaluación de la idoneidad del inversor. Para lograr una efectiva aplicación, las directrices definitivas deberán contribuir a la aplicación simplificada y estandarizada de los criterios técnicos. A su vez, los profesionales del asesoramiento tendrán que completar sus conocimientos en sostenibilidad.
En este sentido, EFPA España considera que existe un déficit de cultura y educación financiera en España, especialmente en temas relacionados con ESG y sostenibilidad. La asociación recalca su compromiso con la formación financiera y, en especial, con todo lo relativo a sostenibilidad para favorecer el mejor cumplimiento de las obligaciones de los profesionales.