Hoy es el último día de Elvira Rodríguez como presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Fue nombrada para este puesto el 6 de octubre de 2012, un año en el que la prima de riesgo del bono español alcanzaba en julio los 637 puntos básicos, su máximo histórico, y el Ibex 35 retrocedía un 4,7%.
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la UCM e interventora de Hacienda desde 1973, su carrera profesional siempre ha estado ligada a las administraciones públicas. En su currículo, destacan cargos como el de subdirectora de la Intervención General de la Seguridad Social (1978-1984), subdirectora técnica del Tribunal de Cuentas (1984-1996), directora general de Presupuestos del Ministerio de Economía y Hacienda (1996-2000) o presidenta de la Asamblea de Madrid (2007-2011), entre otros muchos.
Al frente de la CNMV durante estos cuatro años, junto a su equipo ejecutivo ha intentado dotar de una mayor agilidad a la institución mejorando su funcionamiento, participar activamente en los organismos supervisores internacionales de primer nivel como Iosco y ESMA, favorecer la interacción con la industria financiera y los inversores, hacer de los mercados de capitales locales una vía de financiación accesible para las empresas o, entre sus medidas más sonadas, implementar la supervisión preventiva a través de advertencias (la famosa circular de los semáforos) o del mistery shopping (mediante personal externo al organismo).
Los momentos de tensión más recordados a lo largo de su mandato serán los casos de Pescanova (2013), Gowex (2014) y Banco Madrid (2015). Pescanova solicitó la suspensión de sus acciones y, más tarde, el concurso de acreedores por su descuadre entre contabilidad y cifras de deuda bancaria. Por su parte, Gowex, que cotizaba en el MAB, falseó sus cuentas durante cuatro años, un caso que sirvió a la postre para reforzar este mercado alternativo y modificar la Ley de Fomento de la Financiación Empresarial. Pero, quizá, el brazo de hierro de la CNMV donde se dejó notar especialmente fue contra Banco Madrid y el administrador concursal.
Cuando Banco Madrid fue intervenido por el supuesto blanqueo de capitales de su matriz andorrana, BPA, y liquidado posteriormente, la CNMV y el administrador concursal tenían criterios opuestos, sobre todo a la hora de considerar el efectivo mantenido por fondos de inversión y sicav de la gestora en el depositario como parte de la masa concursal (postura del administrador concursal) o no (posición de la CNMV). La presión ejercida por esta última logró que se reconociera el carácter especial de las normas sobre IIC y planes de pensiones sobre la Ley Concursal, protegiendo así la totalidad de los ahorros invertidos en fondos, sicav y planes por parte de los clientes de Banco Madrid Gestión de Activos, así como sentando un precedente para futuribles casos similares. De hecho, este criterio se ha visto reforzado recientemente con los cambios introducidos en la Ley Concursal, en la Ley de Segunda Oportunidad.
