Cada vez está más cerca la creación del Fondo de Pensiones de Empleo de Promoción Pública (FPEPP). Este martes, el Consejo de Ministros ha aprobado el primer borrador del Anteproyecto de Ley Reguladora de los planes de pensiones de empleo. Ahora, ha pasado al trámite de información y audiencia pública y, según el calendario que maneja el Gobierno, prevé aprobarse para junio de 2022.
Según dijo José Luis Escrivá, Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, los objetivos son “aumentar cobertura, dar confianza y aumentar la rentabilidad”.
Para ello, en primer lugar se crearán los fondos de empleo de impulso público, de “fácil acceso a los usuarios y con costes muy reducidos”, aseguran.
Mediante la adscripción a los mismos, se facilita un acceso generalizado a grupos de trabajadores con dificultades para promover planes de empleo. Se firmarán convenios sectoriales, de empresa y otros acuerdos con distintos colectivos: pequeñas y medianas empresas, trabajadores de rentas bajas, autónomos y administraciones públicas.
Se escogerá mediante concurso público de entidades gestoras y depositarias para garantizar bajas comisiones. Como ya se dejó entrever en el primer borrador que se hizo público a mediados de octubre, podrán optar las gestoras con un volumen en pensiones mínimo de 10.000 millones y las depositarias con al menos 1.000 millones. Estos serán los requisitos del proceso.
Además, según explicó Escrivá los planes estarán “alineados con los Principios para la Inversión Responsable y las mejores prácticas de Finanzas Sostenibles reguladas por la Unión Europea”. Y tendrán una Comisión de Control Especial y una Comisión de Control y Seguimiento.
Planes simplificados
A este respecto, el Ejecutivo facilitará el acceso a planes simplificados para favorecer el acceso a trabajadores el marco de la negociación colectiva. Están especialmente dirigidos a trabajadores de pymes, entidades y empresas públicas y autónomos.
El convenio sectorial, será clave. Ya que se habilitará normativamente que “la negociación colectiva sectorial establezca que el plan de empleo acordado se extienda a todas las empresas del sector”. Por eso, simplifican de siete pasos a uno para que la empresa tenga un plan.
En el proceso, la Comisión de control especial supervisará todos los fondos y monitorizará la gestión de los fondos de promoción pública. Además, la plataforma digital común “aporta transparencia al partícipe y facilita la portabilidad”, aseguran desde el Ejecutivo.
Tratamiento fiscal
En línea con la recomendación 16 del Pacto de Toledo de dotar a los planes de empleo de una fiscalidad adecuada y diferenciada, los Presupuestos Generales del Estado para 2022 recogen los nuevos límites de desgravación.
En concreto, se fija el límite para deducción en base imponible en planes individuales en los 1.500 euros. Por su parte, para los planes de empleo se establece en 10.000 euros (8.500 más 1.500) siendo la aportación de la empresa igual a la del trabajador.
En lo que respecta a los autónomos, la deducción aplicable debe alinearse con suma de las deducciones de planes de empleo e individuales. El total anual será de 5.750 euros en 2022 frente a. los 2.000 actuales.