“Los inversores institucionales, como los fondos de pensiones y los fondos de inversión, están presionando para que mejoren las prácticas de buen gobierno en las empresas”. Debido a su condición de “inversores a largo plazo”, están pidiendo que de esa forma se garantice el rendimiento sostenible de su inversión, según comentó Elvira Rodríguez, presidenta de la CNMV, en el marco del I Foro Anual del Consejero, organizado por KPMG, IESE Business School y El País, en el que reconoció la importancia del tema porque "ayuda a mejorar la transparencia, la eficiencia económica, la estabilidad de los mercados y la confianza de los inversores, contribuyendo también al crecimiento económico".
Una reacción de los inversores que surge a raíz de escándalos como el de Pescanova, parte del cual se explica por fallos en las prácticas de gobierno corporativo y que ha suscitado quejas tanto de inversores profesionales como de minoritarios, que demandan más información. La presidenta reconoce que lo ocurrido ha dañado la imagen y reputación de la empresa, la marca España y el supervisor y que ahora la CNMV trabaja con una perspectiva preventiva, porque “para evitar el daño hay que ir por delante”. “Hay que pensar en qué se nos demanda y pensamos que hemos de ser preventivos, transparentes y muy rápidos en nuestra respuesta”. Con respecto a Pescanova, asegura que están esperando su “auditoría forense” y harán una monitorización. El caso podría motivar también futuros cambios normativos.
Como enseñanza de la crisis, Rodríguez destacó en el Foro el error que supuso la pérdida de aversión al riesgo y el predominio del corto frente al largo plazo, y aboga, como respuesta, por un mayor control de los principios de buen gobierno para garantizar la sostenibilidad del sistema. “La crisis ha puesto de manifiesto la debilidad del gobierno corporativo y por eso se ha intensificado ahora el debate”, que está en un punto álgido. A pesar de ello y de que reconoce la necesidad de un “mayor entramado regulatorio”, Rodríguez aboga por un punto de equilibrio en el movimiento pendular que existe entre la autorregulación absoluta de los momentos en los que no hay problemas y una excesiva normativa en las crisis.
Equilibrio entre autorregulación y regulación
Un equilibrio que logrará a través de dos vías: el desarrollo de un nuevo código de buen gobierno y cambios en la regulación. Para distinguir los aspectos que han de incluirse en la regulación y aquellos que estarán en el código, el Gobierno ha creado una comisión de expertos en gobierno corporativo, que incluye representantes de los ministerios de Economía y Justicia y en la que estará Rodríguez, que estudiará el marco actual y hará esas propuestas en un plazo de cuatro meses. Según Rodríguez, todo apunta a que las propuestas estarán en línea con el modelo anglosajón. “El modelo continental está muerto”, dice.
El Consejo de Ministros tendrá, a partir de entonces, dos meses para transformar los aspectos pertinentes en nueva regulación, que se incorporará a la normativa que desarrolle la reciente orden ministerial de gobierno corporativo, aprobada en marzo para unificar la regulación existente y dispersa sobre el tema. Por su parte, la revisión del nuevo código de buen gobierno que hará la CNMV podría estar lista para enero de 2014.
La orden ministerial de marzo pretendía paliar debilidades en aspectos como el informe anual sobre remuneración –pidiendo información individual de los consejeros–, la gestión de riesgos –más transparencia y la explicación de cómo esta gestión afecta al negocio–, el detalle de los tipos de consejeros y su consideración de independientes (solo si llevan menos de 12 años en el Consejo), y medidas para que los accionistas tengan un mejor acceso a la información. Estos asuntos, antes incluidos en códigos de buen gobierno, ahora tendrán carácter normativo por lo que sus infracciones requerirán de respuestas contempladas en la Ley del Mercado de Valores. Con el desarrollo de la normativa, la CNMV creará modelos de informes anuales de gobierno corporativo y remuneración de obligada utilización.
Pasos fuera
En cuanto a la regulación internacional, Rodríguez afirma que España tendrá en cuenta las recomendaciones de la OCDE y se adaptará a la legislación europea. Los organismos europeos han denunciado problemas en numerosos libros verdes (por ejemplo, deficiencias de gobierno corporativo en entidades financieras y su papel en la crisis), y tienen un plan de acción para fomentar la transparencia y la participación activa de los accionistas. Rodríguez destacó los esfuerzos por divulgar políticas de diversidad en los consejos y la gestión de los riesgos no financieros, así como las iniciativas para mejorar la calidad de los informes de gobierno corporativo y la explicación de las empresas sobre este ámbito.
Investigación en Bankia
Con respecto a la investigación para determinar si los días previos a la ejecución de la ampliación de capital de Bankia hubo prácticas no permitidas por la ley, asegura que se está analizando y que la CNMV está pidiendo a Iberclear toda la información sobre los movimientos de las acciones para determinar si se incumplió la ley y hubo operaciones en corto al descubierto, algo prohibido en España. “Una vez tengamos los datos, determinaremos si tenemos alguna laguna en la legislación actual", apostilló.
