Septiembre ha sido la fecha objetivo que se ha marcado la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo para sacar adelante la reforma de las pensiones. Una cita que ha servido como preámbulo a estudios sobre el sistema actual.
En ese sentido, el Instituto de Actuarios Españoles (IAE) ha presentado el informe “Factor de Equidad Actuarial del sistema contributivo de pensiones de jubilación español”, el segundo informe elaborado por el organismo en el marco de la monitorización de la Seguridad Social española que inició en 2019.
Una de las principales conclusiones que se desprenden del mismo es que “la arquitectura actual del sistema contributivo de pensiones de jubilación en España implica que, en la gran mayoría de los casos, el pensionista recibe más de lo que ha aportado en su vida laboral, financiándose la diferencia a través de impuestos o más deuda pública”, explican en el informe. También muestra inequidades a la hora de comparar los distintos casos que se presentan de pensionistas que se han jubilado a una determinada edad según sus años cotizados “ya que no existe un criterio equitativo para adelantar o retrasar la edad de jubilación”, añaden.
Gregorio Gil de Rozas, vocal de la Junta de Gobierno del IAE y responsable de Pensiones del IAE, asegura que el objetivo del estudio es “analizar la relación entre las cotizaciones realizadas por un individuo y las prestaciones que recibe como pensión de jubilación en su parte contributiva, facilitando información exacta y veraz tanto a los ciudadanos como a las autoridades que tienen que tomar decisiones en la materia, en el preciso momento en el que se encuentran rediseñando los Acuerdos del Pacto de Toledo para sacar adelante la tan ansiada reforma de las pensiones”.
Para ello, han definido y aplicado el concepto de Factor de Equidad Actuarial (FdEA) que permite poner en relación el valor actuarial de lo que, en conjunto, recibe una persona como jubilada y el valor actuarial de lo que, en conjunto, aportó como trabajador. Pues bien, el valor promedio ponderado que arroja el informe en el escenario de bases medias es de 1,51, lo cual implica que el sistema contributivo de jubilación devuelve un 51% más de lo que recibe; teniendo que financiarse esta diferencia bien a través de impuestos, bien a costa de incrementar la deuda pública
Desde el IAE explican que un FdEA inferior a 1 denota un sistema de pensiones en el que el jubilado percibe una prestación que, en valor actual actuarial, es inferior a lo que aportó. Por el contrario, si el FdEA es igual a 1 se denomina un sistema de pensiones “actuarialmente justo” ya que el valor actual actuarial de la pensión que percibe el jubilado coincide con el de las aportaciones que realizó al sistema. Finalmente, un FdEA superior a 1 indica que es un sistema de pensiones generoso en términos relativos, en el que la persona recibe, en valor actual actuarial, más de lo que aportó.
Inequidades del sistema
El informe del IAE muestra que el sistema presenta también inequidades. Por ejemplo, este año, una persona que acumulase 38 años cotizados a los 65 años podría jubilarse a dicha edad. Sin embargo, si decidiese prolongar su vida activa hasta los 69 años, acumulando 42 cotizados, se beneficiaría de un premio del 4% por cada año de demora. Una persona con 65 años y 37 años cotizados que decidiese seguir trabajando un año más que en el ejemplo anterior, hasta los 70 años y acumulando 42 cotizados, sólo recibiría un premio del 2,75% por cada año demorado.
“No existen incentivos suficientes para adelantar ni para retrasar la edad de jubilación, lo que se traduce en que las penalizaciones por adelantarla y las bonificaciones por retrasarla están mal calibradas. Tampoco parece haber demasiados incentivos para aumentar el número de años cotizados”, arguye Enrique Devesa, coordinador técnico del Estudio.
Para resolver las inequidades que presenta el sistema contributivo de pensiones y conseguir una relación más equitativa entre aportaciones y prestaciones, desde el IAE ponen en el punto de mira tres cuestiones: el tope del 100% del coeficiente por años cotizados; las elevadas penalizaciones por anticipar la edad de jubilación; y las bajas bonificaciones por retrasar la edad de jubilación.
En su opinión, con estas medidas y haciendo que la escala por años cotizados respondiera a un cálculo actuarial sin el límite superior del 100% (manteniendo el tope de la pensión máxima) se podría mantener el sistema actual. Respecto a la edad de jubilación, consideran que las penalizaciones y bonificaciones por jubilación a edades distintas de la ordinaria se calcularan de forma actuarialmente neutral (excepto por género) sin hacerlas depender de los años cotizados.