Estrategias de negocio en stand by

sexta edición Debate Legal FundsPeople
Paula De Biase (Pérez-Llorca), Úrsula García (finReg360), Elisa Ricón (Inverco), Juan Ignacio González (Garrigues) y Alfredo Oñoro (Cecabank).

El momento de mercado es bueno, surgen nuevos actores y las previsiones de crecimiento vienen de la mano de la innovación en productos y en gestión. Sin embargo, el momento regulatorio, que necesariamente implica la reorientación de muchos modelos de negocio, no parece que esté siendo el mejor aliado de la industria. Para los expertos reunidos en la sexta edición del Debate Legal, organizado por FundsPeople y patrocinado por Cecabank, para analizar los retos y oportunidades del nuevo entorno regulatorio, el hecho de que la norma de mayor impacto, MiFID II, aún no haya ni llegado al Congreso está paralizando la adopción de algunas decisiones estratégicas en las entidades.

Según explica Alfredo Oñoro, de Cecabank, "es difícil tener una imagen global clara de las estrategias a seguir porque implican muchos cambios y las entidades están a la espera de conocer una versión más ajustada del texto del Real Decreto de transposición de MiFID II para poner en marcha herramientas que ahora están desarrollando". En su opinión, "algunas entidades optarán por constituir filiales o crear una rama de actividad en la que puedan ser independientes, pero la globalidad parece que irá por ser no independientes y, dentro de la no independencia, un elemento diferenciador muy claro será la herramienta que lancen al mercado para aumentar la calidad del servicio a los clientes en el ámbito de la distribución o el asesoramiento".

Elisa Ricón, de Inverco, también reconoce que "es complicado saber hacia donde se mueven las entidades porque para adoptar una estrategia hay que cumplir una norma y esa norma aún no se conoce". En su opinión, MiFID II tiene como uno de sus puntos fuertes la formación en las redes, "esencial como puerta de entrada al producto". Pero lamenta que en temas clave como incentivos aún haya cuestiones abiertas de gran calado; y en costes y gastos, donde hay que remitirse a la normativa PRIIP, la metodología de cálculo establecida por ESMA está siendo cuestionada en Europa tanto por la industria como por los consumidores.

También para Úrsula García, de FinReg360, "los modelos de negocio y posicionamientos actuales irán evolucionando porque nadie se atreve a cerrarlo todo con una normativa abierta". Al tiempo, reconoce que el momento es bueno y "las gestoras se están convirtiendo en un vehículo utilizado también para banca privada a la hora de modelizar carteras."

Juan Ignacio González, de Garrigues, considera que "la incertidumbre en algunos aspectos dificulta que las entidades puedan tener una hoja de ruta clara lo que propicia que, de momento, algunas se limi- ten a adaptaciones menores para preservar su actual modelo de negocio". En su opinión, desde el punto de vista de oportunidad, sí se percibe una tendencia hacia la arquitectura abierta. "Las entidades tendrán que abrir sus redes algo más y aunque sea una oportunidad de entrada no garantizará necesariamente el acceso de gestoras independientes a las vías de distribución final".

Paula de Biase, de Pérez-Llorca, destaca la coincidencia de la aplicación en el tiempo de MiFID II con la segunda Directiva de Servicios de Pagos, lo que en su opinión "está llevando a las entidades a hacer una reflexión general, ya no sólo en temas de oportunidad de negocio en temas de open banking, digitalización o aumento de prestación de servicios al cliente, que parece claro por MiFID II, sino también respecto de la mayor apertura a las fintech y a la competencia con ellas en determinados servicios". Pero considera que "las entidades sí están tomando decisiones" y señala que, por ejemplo, "los regímenes de exclusividad se han cambiado para hacer arquitectura más abierta y se están haciendo los cambios de clases a las más limpias".

Clases limpias

En este sentido, Úrsula García confirma que muchas entidades están ahora inmersas en los cambios de folletos y existe cierta incertidumbre "sobre cómo va a interpretar la CNMV el criterio sobre la integración vertical y cómo se van a definir las nuevas clases de acciones". En su opinión, si bien "la normativa busca incentivar el cobro explícito de comisiones de asesoramiento, no está claro que éste sea un modelo más eficiente desde un punto de vista fiscal que la remuneración vía retrocesiones". Juan Ignacio González señala que "el esfuerzo de la CNMV en promover el cambio de clase a las limpias o más baratas debe acompañarse de medidas fiscales para que éste sea neutral fiscalmente".

Dado que el régimen de traspasos deja fuera a personas jurídicas y no residentes, Ricón recuerda que Inverco ya solicitó que la transposición de MiFID II incluyera "una disposición fiscal que permita la reclasificación automática y sin impacto fiscal a clases de participaciones de fondos sin retrocesión". Aún sin el posible impacto fiscal, para el resto de expertos tampoco es desdeñable el riesgo de mercado que podría conllevar esta reclasificación por la diferencia de valores de salida y de entrada cuando no se logra realizar por el mismo valor liquidativo. Sobre todo porque, como así explica De Biase, los traspasos, que implican un reembolso y nueva suscripción, pueden tardar varios días en completarse.

Como así recuerda Oñoro, el problema es que la inseguridad jurídica puede saldarse finalmente con sanciones. "Algunas de las sanciones que vemos ahora son fruto de implantaciones más arriesgadas provocadas por la ausencia, en un momento inicial, de criterios interpretativos claros de las obligaciones derivadas de MiFID I", señala. Y, en materia de sanciones, el acuerdo es unánime: debe haber mayor proporcionalidad. Como así apunta González, "en el borrador de Ley del Mercado de Valores casi cualquier infracción es muy grave y las pequeñas entidades no tendrían recursos para soportar los importes previstos para estas sanciones". Para los expertos es esencial que la CNMV siga avanzando en su labor de explicar cómo aplicar la norma para que haya más certeza y que en España se adopte una regulación global que acabe con las distorsiones entre mercantil y fiscal.