Europa da un nuevo paso en la prohibición de las retrocesiones para los asesores independientes

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loungerie, Flickr Creative Commons

El pasado viernes, el Consejo Europeo firmó su propuesta definitiva del texto de MiFID II en la que se incluye la prohibición al cobro de retrocesiones para los asesores independientes. De esta manera, continúa el proceso de aprobación de la normativa europea que todavía necesita del consenso del Parlamento y la Comisión Europea.

El Consejo había tomado la decisión hace meses pero era necesaria la firma que se produjo el pasado viernes para que pudieran comenzar las negociaciones con el Parlamento y la Comisión. Los tres organismos han elaborado sus propios textos de la directiva europea en los últimos meses y ahora necesitan acordar un texto definitivo, único y conjunto, para que la norma pueda ser aprobada e implementada en cada país. Las mejores previsiones apuntan a que, en todo caso, no será hasta 2016 cuando llegue la nueva legislación. 

Lituania, que asume la presidencia del Consejo el 1 de julio, se ha puesto ya en contacto con el Parlamento para comenzar las conversaciones a tres bandas, que podrían empezar en julio.
Pese a la oposición de distintos agentes del sector, parece que la prohibición en el cobro de retrocesiones será una realidad en Europa en un futuro próximo pues, pese a las divergencias en los tres textos, todos coinciden en introducir algún tipo de limitación a esta práctica. La Comisión Europea está a favor de prohibir completamente el pago de retrocesiones, mientras que el Parlamento y el Consejo quieren que sólo se prohíban para los asesores independientes.

El texto final del Consejo asevera que cuando el asesoramiento se realiza basado en el principio de independencia, el asesor no podrá aceptar o retener comisiones o ningún beneficio monetario ni no monetario pagado o entregado por un tercero.

Una vez se alcance un acuerdo en Europa, se necesitará posteriormente el desarrollo de Nivel 2 de la norma, que será el que traslade al marco español el texto. Es decir, todavía queda un largo camino para la implementación de esta norma que, a buen seguro, cambiará el panorama de la gestión y distribución de fondos de inversión en Europa.