Fondos de inversión y de pensiones, bancos, aseguradoras… toda la industria financiera coincide en que los costes de implementar y cumplir con los requerimientos de información que deben proporcionar a las autoridades supervisoras han aumentado considerablemente en los últimos años. Pero exactamente, en euros, ¿a cuánto ascienden los costes iniciales de implementar estas nuevas exigencias de información? ¿cuánto cuesta de media al año cumplir con estos requerimientos? ¿y en los últimos cinco años? ¿y en los últimos 10 años? Y, sobre todo ¿la información que debe darse a las autoridades supervisoras ayuda a lograr la estabilidad financiera, la integridad del mercado o a la protección del inversor? La Comisión Europea acaba de lanzar una consulta con estas y otras cuestiones relativas a la información que todos los actores de la industria financiera deben proporcionar a las autoridades supervisoras. El objetivo es recabar opiniones sobre su eficacia, los costes que conlleva su cumplimiento y las posibilidades de simplificar dicho cumplimiento para, en el futuro, llevar a cabo dicha simplificación.
La consulta estará abierta hasta el próximo 27 de febrero mediante el cuestionario en línea en la siguiente página.
Esta consulta tiene su origen en otro documento de 2015 en el que la Comisión recabó información sobre los beneficios, la coherencia y la consistencia del marco regulatorio de los servicios financieros. En dicho Call for Evidence, los participantes destacaron como uno de los aspectos de mayor conflicto la comunicación de información a efectos de supervisión. Ya fuera porque consideraban excesiva la cantidad de comunicaciones o por la falta de claridad respecto a los datos o por la ausencia de estándares suficientes, los participantes pusieron de manifiesto que, además de implicar un alto coste, dichos requerimientos de información no cumplían con la finalidad pretendida. Al tiempo, también se puso de manifiesto que a las obligaciones de información derivadas de las normas comunitarias se añadían, en algunos territorios, las obligaciones de supervisión nacionales. Como resultado, la Comisión está chequeado la idoneidad (Fitness Check) del marco actual de estas comunicaciones de información siendo el primer paso la consulta pública ahora abierta.
¿Es el RegTech la solución?
La Comisión reconoce estar al tanto de las propuestas de la industria para ahondar en la estandarización de las comunicaciones lo que permitiría hacer un uso más eficiente de la tecnología en este ámbito. Automatizar las funciones de cumplimiento y presentación de información está relacionado, como así señala la Comisión, con el marco de RegTech, una iniciativa que en su opinión es aún “reciente” para abordar cuestiones de cumplimiento normativo en el sector de los servicios financieros. Según la Comisión “hay escasa evidencia detallada sobre cómo el uso de las TIC puede ayudar con la información a efectos de supervisión”. De esto modo, a la hora de cuestionar a los actores del mercado sobre las formas de simplificar la comunicación de información, la Comisión centra varias de sus cuestiones en la posibilidad de que en el futuro haya un mayor uso de las TIC y una mayor automatización en las comunicaciones de las entidades al supervisor.