En los últimos tiempos, la alineación entre los intereses del sector de la gestión de activos y patrimonios y la actividad regulatoria no pasa por su mejor momento. Son pocas las normas que cuentan con el soporte mayoritario de esta industria porque, en general, se esperaba de ellas que hubieran servido de apoyo al desarrollo del sector.
La conclusiones de la XXI edición del Debate Legal organizado por FundsPeople muestran que las expectativas difieren mucho de la realidad. El último ejemplo es la aprobación de un Real Decreto Ley Ómnibus que incluye, entre otros, la distribución transfronteriza de fondos. Tal y como contextualiza Elisa Ricón, directora general de Inverco, por motivos de urgencia, una norma que iba a tramitarse bajo procedimiento ordinario acaba siendo una pura trasposición de la europea que no incluye otras cuestiones relativas a la mejora de la competitividad del sector.
Entre otros puntos, se esperaba ver reflejado el aumento en el empleo de los medios digitales para la comunicación con los inversores o la bajada del mínimo de acceso a los fondos de inversión libre hasta los 10.000 euros, apunta Ricón. Además, “se podía haber incluido en el apartado de comercialización el anhelado régimen de private placement que tanto se demanda y que está en otras jurisdicciones”, subraya Ricardo Plasencia, socio de Regulación Financiera en CMS Albiñana & Suárez de Lezo. No obstante recuerda Ricón, posteriormente habrá la posibilidad de introducir enmiendas si se tramita como Proyecto de Ley en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, esta no es, en su criterio, la mejor forma de tramitación. “Hay Proyectos de Ley que llevan allí mucho tiempo sin resolverse y en caso de que se agote la legislatura, el Real Decreto Ley se queda como está”, afirma.
El problema de esta forma de legislar, puntualiza Jesús Mardomingo, socio director del Departamento Bancario y Financiero en Dentons, es que no fomenta la industria local. “El valor añadido que podemos aportar los abogados se ve frustrado”, reflexiona. Desde su punto de vista, sigue la dicotomía entre el capital riesgo y la inversión colectiva. “Es una nueva pérdida de oportunidad para los alternativos, la norma no termina de armonizarse”, añade.
Para Alfredo Oñoro, director de Cumplimiento Normativo de Cecabank, el error se arrastra desde hace tiempo. “Cuando surgió la directiva de gestores de fondos alternativos en Europa, en vez de analizarse si parte de la misma cabía o no en la Ley de IIC que tan bien se entendía por el sector, finalmente no se hizo y no se llevó a cabo un encaje real”, contextualiza.
Al final, considera, el trasfondo es que España deja de ser una industria atractiva para los alternativos. “Estamos perdiendo oportunidades que más adelante serán difíciles de recuperar”, opina. Mardomingo apoya esta idea. “Los primeros alternativos que nacieron en España ya han migrado al extranjero”, indica el socio de Dentons, quien cree que se provoca una pérdida de negocio desde el punto de vista de instalación de industria.
Plasencia compara las facilidades de Luxemburgo, donde gestoras que no llegan al umbral mínimo de patrimonio no necesitan tener la autorización por parte del regulador, como sí ocurre en España. “Es mera constitución y registro”, concreta el socio de CMS Albiñana & Suárez de Lezo.
Pensiones
Otra crítica general desde el ámbito legal se centra en las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno para el sistema de pensiones individuales y de empleo. Ricón determina que “el conjunto de medidas nos guarda reservas”. La industria no está de acuerdo con la limitación de incentivos fiscales de los planes individuales. “Se vende como una traslación de incentivos al pilar de empleo cuando la realidad es que se reducen las opciones”, manifiesta.
Desde su punto de vista, y acorde a las recomendaciones de la Unión Europea, se debería buscar un sistema equilibrado multipilar. Aunque se muestra a favor de que se desarrolle el segundo pilar, como lleva defendiendo Inverco desde hace años, no cree que el lanzamiento de un plan de promoción pública suponga un incentivo en sí mismo. “Si no hay estímulos fiscales y financieros adicionales, no hay nada nuevo que no pudiera hacerse ya, en ninguna parte se impide a empresas y sindicatos que puedan ponerse de acuerdo para crear planes de empresa”, señala. Oñoro comparte esta idea. “No es lógico limitar los incentivos de los planes individuales puesto que los planes de empleo no han crecido hasta ahora por falta de incentivos suficientes”, recuerda.
Además, Ricón apunta que promocionar estos vehículos para los empleados no supone una ventaja para el empresario. Tal y como explica, al ser un plan de empleo, encarece la contribución porque se integra en la base de la cotización a la Seguridad Social. Además, indica que hace tiempo que se eliminaron las deducciones en el impuesto de sociedades. “Con que se eliminaran los obstáculos ya se daría un paso”, puntualiza. Según Ricón, “las entidades financieras estarían encantadas de que el segundo pilar se desarrollase”. Sin embargo, destaca Plasencia, “al no haber incentivo fiscal para contratar este vehículo, las entidades lo tienen apartado de su oferta comercial”.
Por su parte, Mardomingo cree que la exposición de motivos de la nueva legislación de pensiones determina bien cual es el problema, que la fiscalidad no funciona y que hay un estancamiento del negocio de planes de empleo, pero considera que no aciertan en la solución del problema.
Finalmente, tampoco se muestran muy optimistas con toda la normativa referente a sostenibilidad. A pesar de que ya se conoce el borrador final de los RTS de divulgación bajo el SFDR en materia medioambiental, Mardomingo recuerda que “falta por aterrizar mucho texto paralelo”.
