AIMA insta a modificar el actual borrador de Directiva europea
La ministra de finanzas francesa, Christine Lagarde, y su homólogo alemán, Wolfgang Schäuble, aseguran que creen en “mercados financieros abiertos” y en un mundo en el que los inversores institucionales deberían ser libres para invertir en fondos de todo el mundo “independientemente de los estándares de calidad marcados por los hedge funds europeos”, en declaraciones recogidas por Wall Street Journal.
Las declaraciones llegan en un momento de preocupación internacional sobre las posibles consecuencias proteccionistas de la futura Directiva europea sobre la industria alternativa y el potencial impacto en los inversores del continente.
Los comentarios fueron apoyados por AIMA, la asociación de gestores de inversión alternativa. “Las afirmaciones de los ministros en el diario Wall Street Journal suponen un paso importante en el debate sobre el borrador de directiva de gestión alternativa que prepara la UE”, aseguran. Sin embargo, afirma que los textos actuales de la directiva “no reflejan necesariamente estos sentimientos y creemos que los gobiernos francés y alemán deberían apoyar las revisiones necesarias en línea con sus afirmaciones de hoy”.
La asociación hace referencia especialmente al contraste entre la idea de la libertad de inversión de los inversores europeos en fondos que no estén registrados en la UE en cuanto esos fondos de fuera de la Unión y sus supervisores provean adecuada información para mitigar el riesgo sistémico y el texto actual, que impone requisitos adicionales a los productos foráneos.
“Estamos de acuerdo en que es importante que la directiva limite el riesgo sistémico, pues AIMA, como asociación global de hedge funds, apoya la transparencia de la industria en el sentido de revelar datos relevantes a los supervisores nacionales en interés de la estabilidad financiera”. Sin embargo, su consejero delegado, Andrew Baker, muestra su preocupación por los detalles de la aplicación práctica de la nueva directiva y hace un llamamiento a los políticos para trabajar con la industria y los reguladores para “asegurar una legislación consistente, proporcionada y práctica”.
