Entre los múltiples cambios que ha impuesto MiFID II, el que más ha convulsionado a la industria española de fondos ha sido, probablemente, la prohibición de que las entidades que proporcionan servicios de gestión de carteras o de asesoramiento independiente perciban incentivos o retrocesiones (en el régimen actual ese supuesto se reserva únicamente a los servicios de inversión, y siempre que se cumpla con los supuestos que establece la norma).