El sector se manifiesta en contra de la nueva rebaja de 2.000 euros a 1.500 euros de los límites anuales de aportación a sistemas de previsión social individuales prevista en Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022. Inverco, Unespa y CEM unen fuerzas en contra de esta medida que “afectará negativamente al conjunto de los trabajadores y, en especial, a los autónomos”, contextualizan.
Las tres entidades opinan que debe mejorarse y no perjudicarse de nuevo el tratamiento de los instrumentos de ahorro individuales de previsión social complementaria. “En España hay más de 7,5 millones de partícipes en planes de pensiones individuales y casi un millón de asegurados en planes de previsión asegurados (PPA) que se van a ver afectados, de nuevo, con carácter directo e inmediato por la medida, recién anunciada”, destacan. Además, subrayan que muchos de ellos son empleados por cuenta propia.
“El ahorro individual para la jubilación es necesario debido a la estructura del mercado laboral español”, manifiestan. “El mantenimiento de diferentes límites de aportación a sistemas de previsión social, relegando a los sistemas individuales que de nuevo tendrían un límite notoriamente inferior, es discriminatorio para la gran mayoría de la población ocupada española”, añaden.
Desde su punto de vista, afectaría especialmente a las más de 3,2 millones de personas adheridas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social; así como a los empleados de las pymes. “Se debe posibilitar a toda esta población ocupada que queda fuera de la previsión social empresarial que pueda acceder a sistemas de previsión individuales en las mismas condiciones y requisitos que cualquier otro trabajador”, señalan.
La reforma que propone el Gobierno va a tener efectos indeseados, según Inverco, Unespa y CEM. La anterior bajada de límites máximos de aportación a 2.000 euros prevén que va a reducir un 40% las aportaciones al sistema individual en 2021, tal y como especifican.
Con los nuevos límites, consideran que la cuantía de ahorro que se podría acumular dentro del sistema individual va a ser claramente insuficiente. “A razón de 1.500 euros por año, un trabajador podría acumular 60.000 euros si ahorra sistemáticamente durante 40 años de trayectoria profesional, más la rentabilidad que obtuviera este dinero”, explican. Si se prorratea este importe durante los 20 años de esperanza de vida, indican, “es una cuantía media mensual que a duras penas servirá para complementar la pensión pública del trabajador y garantizarle unos ingresos totales adecuados”.
En este sentido proponen suprimir los limites anuales de aportaciones a sistemas de previsión social en lugar de minorarse y sustituirse por un límite global de aportaciones acumuladas a lo largo de la vida laboral, de tal forma que se pueda generar ahorro para la jubilación en función de la situación de cada trabajador durante su trayectoria sociolaboral.
Por otro lado, recuerdan que la fiscalidad de los sistemas de previsión social supone un mero diferimiento de la tributación. Es decir, su tratamiento fiscal no genera beneficios. “La reducción en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de las aportaciones se compensa más adelante con la tributación como rendimiento de trabajo de las prestaciones”, apuntan. Por lo tanto, creen que toda medida destinada a reducir ahora las deducciones fiscales por aportaciones a instrumentos individuales de previsión social complementaria derivará en una reducción de los ingresos fiscales del Estado en el medio y largo plazo.
