Ana Martínez Pina, Salvador Ruiz, Elisa Ricón, Leovigildo Domene y Alfredo Oñoro. Fuente: FundsPeople
A este perfil de cliente no se le conquista solo por la expectativa de rentabilidad financiera, por eso los participantes de la XXV edición del Debate Legal FundsPeople creen que los criterios extra financieros podrían ayudarles a dar este paso.
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A raíz del Reglamento Delegado 2022/1288, en enero de 2023 entra en vigor la normativa europea que obliga a las sociedades gestoras de IIC (SGIIC) con fondos que promueven la sostenibilidad o que tienen como objetivo inversiones sostenibles, de registrar en la CNMV un anexo de sostenibilidad.
La CNMV ya advertía recientemente en un comunicado que esta obligación “puede conllevar a las gestoras un esfuerzo importante de adaptación”. Además, al mismo tiempo también entrará en vigor el cambio de Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI) de PRIIPS. Por eso, el regulador ha puesto en marcha un procedimiento simplificado para registrar los modelos normalizados de información para los productos sostenibles y también para los fondos tradicionales que quieran transformarse en sostenibles. Con lo que abre una oportunidad para aquellas firmas que quieran transformar su gama.
Desde la industria acusan el aumento de las obligaciones normativas, pero también creen que la sostenibilidad podría ser un catalizador para que el cliente español de el paso de ahorrador a inversor. Sobre ello han reflexionado durante la XXV edición del Debate Legal FundsPeople.
“Quizá el componente de sostenibilidad pueda hacer que esa masa de ahorradores que no ha dado el paso a convertirse en inversores lo hagan. Es evidente que a ese perfil no se le conquista solo por la expectativa de rentabilidad financiera, porque no ha dejado de crecer ni con los tipos cero, pero quizá sí se le atraiga con un criterio extra financiero”, apunta Elisa Ricón, directora general de Inverco. Según el Informe de Ahorro financiero de las familias españolas que realiza trimestral Inverco, los depósitos suponen casi el 38% del ahorro financiero total de las familias. Más de un billón de euros.
Evolución de la estructura del ahorro financiero de las familias
Fuente: Inverco, datos a junio de 2022
Una opinión que comparte con Leovigildo Domene, director de Deloitte Legal, que cree que “esta medida va a ayudar al inversor a ser parte de esta transición sostenible, aunque el sector aún tenga por delante algunos desafíos. Por una parte, los derivados de la propia implementación ante la falta de un marco normativo completo; y, por otra, cómo conseguir que las expectativas de los inversores se adecúen a la realidad de la oferta del mercado, pues algunos de ellos pueden no estar tan acostumbrados a las características de estos fondos”, justifica.
El problema de base para los expertos no es otro que la todavía ausencia de cultura financiera a este respecto en España. Por este motivo, aunque los criterios ambientales, sociales y de gobernanza “pueden ser y serán una vía de atracción para el ahorrador español, todavía queda camino por recorrer para conseguir que este objetivo sea efectivamente una realidad”, comenta Alfredo Oñoro, director de Cumplimiento Normativo de Cecabank.
De momento, tanto los reguladores en España como en Europa han marcado la ASG como un objetivo estratégico y se ha aprobado la normativa para materializar ese objetivo. No en vano, “la normativa es novedosa, se necesita un tiempo de adaptación y la realidad es que estamos todos aprendiendo, tanto las gestoras como el supervisor”, recuerda Ana Martínez Pina, coordinadora de Regulatorio Financiero y Seguros de Gómez, Acebo & Pombo.
Algunas críticas
También ha habido hueco para la crítica sobre la moda verde que se ha instaurado en los mercados: “Hay un intento por parte de la Unión Europea de convertir todo en verde. Esto choca con la realidad, porque también necesitamos el resto de proyectos”, recuerda Salvador Ruiz, socio de Allen & Overy. Considera que “estamos estableciendo un régimen regulatorio extraordinariamente complejo en base a unos objetivos políticos que pueden variar”.
No es el único que muestra crítico con el incremento de carga regulatoria. Ricón cree que “se trata nuevamente dedicar tiempo y esfuerzo, que es el recurso más escaso, para cumplir con una norma, pero no para construir valor”, advierte. A este respecto, Oñoro reclama criterios supervisores claros y homogéneos: “Se ha creado un escenario muy complejo y, aunque todos compartamos los objetivos, deben aclarase en mayor medida las reglas para que puedan aplicarse uniformemente por parte de la industria”.
