Las entidades se registran en Banco de España ante la llegada de MiCA para poder operar con criptoactivos en 2025

Comienza la recta final para la aplicación de MiCA, que será aplicable a partir del 1 de enero de 2025. Ante su entrada en vigor, la CNMV publicó en julio dos modelos dirigidos a las entidades que quieran prestar servicios de criptoactivos. Con ellos han podido tramitar sus expedientes desde el pasado mes de septiembre. El problema es que la industria está preocupada por el tiempo que pueden tardar en gestionarse esos expedientes. Por este motivo, hay muchas entidades que se han inscrito en el registro de proveedores de servicios de moneda virtual y monederos electrónicos del Banco de España para agilizar el proceso y poder prestar este servicio en 2025. Solo en lo que va de año lo han hecho 38 entidades, entre las que está una entidad fianciera española, Caceis.

Según cuenta Ricardo Plasencia, socio de CMS Albiñana & Suárez de Lezo, “hay muchas entidades que se están queriendo registrar en el registro cripto del Banco de España antes de que termine 2024 para tener un año de período transitorio para obtener la licencia MiCA de CNMV. Para las autorizaciones MiCA es probable que haya un cuello de botella en la tramitación de expedientes por parte de la CNMV”, avisaba en el XXXI Debate Legal FundsPeople. Y es que el regulador podría tardar hasta nueve meses en dar las autorizaciones. Por tanto, quienes solo se hayan registrado en CNMV podrían no obtener su aprobación hasta bien pasado el verano. En cambio, aquellas entidades que lo hayan hecho en el Banco de España podrían empezar a operar a principios de año.

Por otro lado, el experto alerta de que los reguladores de otros países han abierto la ventanilla antes y “esto podría provocar que algunas entidades escojan otras jurisdicciones a la hora de solicitar su autorización”. Para que esto no ocurra, según Leovigildo Domene, director de Regulación Financiera en Deloitte Legal, “se debería haber desarrollado un marco normativo nacional a tiempo. Sin embargo, es una oportunidad perdida, que ya está dando pie a arbitraje regulatorio, lo cual choca con la voluntad general del regulador de evitar que exista un campo de juego regulatorio desigual”.

Análisis de los modelos de CNMV

En concreto, los dos documentos del regulador son el Modelo de notificación de la información y el Manual para la solicitud de la autorización de proveedores de servicios de criptoactivos (PSC). Pues bien, el primero de ellos va dirigido a las entidades que cuentan con alguna de estas licencias financieras: entidades de crédito, empresas de servicios de inversión, sociedades gestoras de IIC, entidades de dinero electrónico y depositarios centrales de valores o infraestructuras de mercados. Mientras que el segundo han de usarlo el resto de entidades que no cuenten con alguna de las licencias mencionadas antes. Este último, además, pide información muy exhaustiva.

Es cierto que “el modelo de autorización que ha publicado la CNMV es muy complejo, mientras que el modelo de notificación resulta más sencillo, pues las entidades destinatarias de este aporta, a priori, más seguridad y control, comentaba Alfredo Oñoro, director de Cumplimiento Normativo de Cecabank. La razón de ello es que “el procedimiento siempre es más sencillo con entidades reguladas que ya le son conocidas, frente a otros players que vienen fuera del sector”, cree Josefina García Pedroviejo, socia responsable de regulación financiera de Pérez-Llorca. Todo con el ánimo de ofrecer unas garantías de seguridad.

Mucho trabajo detrás

En esta línea, Oñoro subraya la necesidad de que detrás exista una infraestructura sólida que, en el caso de Cecabank, ya está construida. “Lo más importante es que aportes valor desde el punto de vista de la seguridad y del control, que los clientes nos elijan porque crean que nuestra entidad es más segura para invertir y custodiar sus claves criptográficas. Nosotros estaremos ahí, nuestro core business es la custodia y la depositaría y estaremos preparados para ser capaces de dar estos servicios a los clientes institucionales (y, por ende, a los clientes finales de estos) que quieran invertir en este tipo de instrumentos”, asegura.

En cualquier caso, aunque estén sentadas las bases, es un tema sobre el que hay que seguir trabajando. Así lo cree Domene: “A aquellas entidades que no están tan familiarizadas con la regulación, los requisitos de MiCA les parecen un abismo”, afirma. En su opinión, la publicación de estos documentos ha sido un paso muy positivo, sobre todo con el calendario en la mano, aun así, cree que por delante queda “una labor de aprendizaje por parte de todos a la hora de aterrizar los criterios y acomodar los proyectos a las exigencias del regulador”. Por este motivo, cree que sería bueno, “al igual que se ha hecho en el ámbito de las ESI, regular de algún modo una fase previa en la que las entidades puedan contrastar aspectos clave, como la tecnología subyacente, los planes de negocio o la valoración de la idoneidad de los miembros del consejo”, sugiere.

Listado de entidades registradas en 2024