Se conoce como los Cien Días al periodo comprendido entre el 20 de marzo de 1815 y el 28 de junio del mismo año, cuando Napoleón regresó a París tras su exilio en la isla de Elba. No obstante, esta expresión cobró popularidad a partir de 1933, cuando Franklin Roosevelt entró en la Casa Blanca y desarrolló una frenética actividad durante los primeros cien días de su mandato. Ochenta y cuatro años después, es tradición en muchos países occidentales mirar con lupa la actividad desarrollada en los primeros cien días de gobierno, y Donald Trump no es ajeno a este examen. Desde UBP, Michaël Lok (director de inversiones del grupo), Norman Villamin (director de inversiones de banca privada) y Patrice Gautry (economista jefe), se fijan en que las primeras medidas aprobadas han sido “como era de esperar, a través de órdenes ejecutivas, que no requieren la aprobación del Congreso”.
“Esta estrategia sirve a un propósito político clave”, afirman, en referencia a que “el volumen de acciones emite señales a los votantes de que se está moviendo rápidamente para cumplir con sus promesas, cimentando su credibilidad en el núcleo de su base de votantes”. Creen asimismo que, con esta estrategia, Trump “permite a la Administración comprar tiempo para acometer la siguiente fase de su agenda política, reforzar la legitimidad de su Administración al asegurar una mayoría más decisiva en la Cámara de Representantes y, más importante, en el Senado de cara a las elecciones de 2018”.
En UBP se fijan en el que el programa político del nuevo presidente “tiene a favorecer el lado de la oferta de la economía, como se vio en las reformas del presidente Ronald Reagan”. Dado que la economía estadounidense lleva tiempo mostrando signos de fortaleza, creen que “recibiría un impulso mayor si se reducen como se prometió los impuestos a las familias y al sector corporativo, generando potencialmente una recuperación de la renta disponible y de los beneficios”.
La otra promesa clave sería la ejecución de la desregulación de los sectores bancario, energético y sanitario, lo que “podría proporcionar un apoyo mayor a los beneficios corporativos y la inversión”. Según el trío de expertos, “si se reduce el impuesto de sociedades por debajo de la media de la OCDE, mientras que se suaviza la carga regulatoria sobre las empresas, se restaurará la competitividad de la producción de EE.UU. (11,5% del PIB), reforzando la rentabilidad empresarial, la inversión y el empleo en este sector de la economía”.
Los analistas de Legg Mason Global AM matizan estas observaciones: “Si se evitan pasos en falso en anti globalización y política internacional, la incorporación de estímulos fiscales significativos a una economía sustancialmente cerrada como es EE.UU. –que ya está cerca del pleno empleo- podría convertirse en un punto de inflexión”. De cumplirse este pronóstico, “podría acelerarse el crecimiento y la Fed podría normalizar las condiciones monetarias más significativamente”. También creen que “podría revertirse el entorno de deflación, ayudando a impulsar los tipos de interés”.
La inflación es el punto clave de la visión de BlackRock sobre las reformas que deberían tener prioridad. “La apuesta por la reflación ha sufrido altibajos desde noviembre, junto con la reforma tributaria. Pero cualquier reforma sobre los impuestos que se implemente este año sólo serviría para reforzar un entorno reflacionario que ya estaba en marcha antes de las elecciones presidenciales”, afirma el estratega jefe Richard Turnill.
Éste indica que, de ajustarse el impuesto a la importación al 20%, podría tener impacto sobre el dólar: “Vemos sólo un ajuste parcial de la divisa, que podría ayudar a los exportadores y dañar a los minoristas y los consumidores. El comportamiento que tenga el dólar en ese escenario será clave para los mercados y la economía estadounidense”, sentencia el estratega.
El paquete de reformas fiscales de Trump también incluye la reducción de ciertas deducciones. Turnill opina que su implementación “básicamente dañará a las empresas endeudadas y tendrá grandes implicaciones sobre la forma en que se financien las empresas en los mercados”, porque al no poder compensar sus ingresos, “las grandes rebajas de impuestos empresariales incrementarían el déficit, creando un estímulo reflacionario que podría llevar a tipos de interés más altos”. La conclusión del experto es que “existe potencial para una subida de la volatilidad en los próximos meses, a medida que se den más detalles sobre la reforma”.
La visión de los expertos de J.P.Morgan AM es que “con un déficit presupuestario en EE.UU. del 3,2% del PIB y una deuda neta del 78% del PIB (la mayor desde la Segunda Guerra Mundial), el margen para aplicar estímulos fiscales es más bien limitado”. En su opinión, “un área que los políticos deberían mirar de cerca es a la posibilidad de desregulación”, dadas las dificultades para comenzar un nuevo negocio que debe afrontar un emprendedor en EE.UU. “Según el Banco Mundial, es más fácil montar un negocio en Afganistán o Bielorrusia que en EE.UU. Haciendo más fácil el empezar un negocio o reduciendo la cantidad de regulación podría impulsar el crecimiento económico y la mejor parte es que no aumentaría la deuda gubernamental”, concluyen en la firma.
Según un análisis realizado por Neuberger Berman, la eliminación de las deducciones por intereses tendría un impacto de entre el 10% y el 15% dentro del high yield estadounidense. “Esto es debido a que muchos emisores mantienen un equilibrio entre los gastos por intereses y los gastos de capital. Algunos de los grandes componentes del índice de high yield, como energía, telecomunicaciones, servicios públicos y salud, mantienen un gasto sobre capital que es superior a los intereses”, aclara Thomas O’Reilly, responsable de deuda high yield. Su conclusión es que el equilibrio entre gastos por intereses y el gasto sobre capital “se volverá clave en este entorno”, si se aprueba finalmente la eliminación de la deducción por gastos sobre intereses. “Creemos que es importante centrarse en estos asuntos, porque los diferenciales de crédito no están distinguiendo entre emisores con exposición elevada al riesgo regulatorio y los que tienen una exposición limitada”, concluye.
