La Directiva relativa a los mercados de instrumentos financieros (MiFID II en sus siglas en inglés) traerá consigo un cambio total en el modelo de negocio de la inversión en España. Las entidades están repensando su nuevo modelo de distribución y, como así quedó patente en la segunda edición del Debate Legal FundsPeople celebrado en septiembre, algunos de los retos actuales pasan por afrontar la definición de mercado objetivo, tener que lidiar con las restricciones al cobro de incentivos o saber qué asesoramiento se puede prestar y si se quiere o no prestar y, todo ello, con la previsión de un alto coste para las entidades y que muchos clientes puedan dejar de acceder a una amplia gama de productos. Escepticismo respecto a que MiFID II vaya a cumplir con sus objetivos de armonizar los mercados y dotar de protección al inversor; e incertidumbre en cuanto a la velocidad de implantación de la norma sintetizan la visión general de los expertos legales reunidos por FundsPeople para debatir los retos de esta norma.
Para Jesús Mardomingo, socio director del departamento bancario y financiero de Dentons en España, las dudas que parece manifestar el sector europeo ante MiFID II pudieran estar también provocadas por “la doble interpretación de la norma” en función de si el país es productor o distribuidor de fondos. “Todos tienen que decidir dónde quieren estar y esto es algo no del todo resuelto”, explica. En su opinión, se trata de una cuestión esencial y “complicada” en un país como España, que se basa en una red de oficinas bancarias y en el que “el mundo de la distribución es clave”.
Mardomingo también pone el acento en la “posible falta de uniformidad frente a otros sectores que también distribuyen productos de inversión o ahorro en algunos aspectos de la distribución como pudiera ser el régimen de remuneración en las redes de ventas”. En su opinión, tras MiFID II “se va a jugar, al menos inicialmente, en un régimen de desigualdad” en el que productos similares o, incluso iguales, podrían distribuirse por otras redes en las que no se aplican las mismas reglas.
Incentivos
En este sentido, Pilar Lluesma, asesora jurídica de Inverco, explica que uno de los grupos de trabajo que la asociación ha puesto en marcha en relación a MiFID II se ha centrado en los incentivos. “Se ha analizado la posibilidad”, explica, “de ver si, con ocasión de la trasposición de la Directiva, se podría introducir un cuarto supuesto, además de los tres actuales, que permitiera la retrocesión teniendo en cuenta otros factores como podría ser el suministro de asistencia en la fase de pre-venta y/o post-venta a través, por ejemplo, de las redes bancarias en España”.
Además, según Lluesma, ante la preocupación de algunos distribuidores de estar forzados a vender productos de terceros, “se está viendo la idea de que los fondos de fondos pudiesen entenderse que son de alguna forma una estructura eficiente para ofrecer productos de terceros”. Esto podría ser una solución “para las entidades que son menos receptivas a ofrecer productos de terceros”.
Mercado objetivo
Otro grupo de trabajo de Inverco relacionado con MiFID II está centrado en el target market o mercado objetivo. Lluesma aclara que, en este ámbito, los trabajos están centrados en lograr, en el plano europeo, una definición común. “Es un tema que preocupa mucho porque los criterios en los que trabaja ESMA en sus primeros borradores sitúan la definición en un concepto similar al del test de idoneidad”, explica. Una situación que, según Úrsula García, socia de Deloitte, está haciendo que las entidades “estén poniendo el grito en el cielo”. Para García, “si el concepto de ESMA de mercado objetivo sale adelante requeriría que las distribuidoras obtengan información de sus clientes más propia del asesoramiento”. “El concepto propuesto de target market dificultará la venta a las entidades”, concluye.
Según García, uno de los retos será "conseguir que industria y regulador vayan de la mano en la adaptación normativa ". En su opinión, "el grado de concreción de las normas requiere un mayor apoyo en la industria para lograr que sea posible ponerlas en práctica". En este sentido, García también considera que la "puesta en marcha de MiFID II hace necesario adaptar los esquemas actuales de distribución" y apunta, como otros problemas en la aplicación de MiFID II, el impacto informático, sobre todo su coste, y las mayores obligaciones de reporting.
Protección del inversor
Josefina García Pedroviejo, abogada de Uría Menéndez, considera que “la intención de proteger al cliente más débil está llevando a la protección del cliente asesorado, pero no todos los clientes quieren o pueden acceder al asesoramiento. MiFID II está fallando en uno de sus fines fundamentales, que es la protección al minorista”. Asimismo, considera que “pese al cambio de modelo en la distribución en España la penetración bancaria es muy fuerte y los canales de distribución no van a cambiar de un día a otro” y tampoco ve claro que la norma vaya a cumplir con otro de sus objetivos: “se crea un marco único y unas obligaciones, pero cada país se adaptará a su manera porque estamos hablando de mercados muy distintos. No creo que lleguemos a ver un marco único”.
En todo el proceso, señala García Pedroviejo, “se han puesto a las entidades unos requisitos, con un nivel de costes, que van a terminar repercutiendo al inversor porque no son entidades benéficas”. Otro desafío que apunta es el Brexit que “sí podrá descafeinar MiFID II porque ahora habrá otros mercados como el alemán y el francés que van a tirar hacia su tejado y esto puede modular la entrada de MiFID II tal y como está”.
Como así resumió Mardomingo al finalizar el debate “el denominador común que manejamos es la incertidumbre”. Dudas, entre otras, respecto a si en España se pagará o no por el asesoramiento o en cómo combinar la mayor cualificación exigida con un régimen de retribución limitado.
