Esta semana ha entrado en vigor la norma con la que Luxemburgo espera ser un "centro de excelencia" en fondos de inversión alternativos. Asimismo, la isla del canal de la Mancha, Guernsey, anunció días antes la firma de acuerdos con 27 organismos europ
El mismo día de su publicación, este 15 de julio, entró en vigor en Luxemburgo la norma con la que el Gran Ducado espera convertirse en el “centro de excelencia para la administración y la comercialización de fondos de inversión alternativos”, según un comunicado de prensa difundido por el Gobierno el día de su aprobación en el Parlamento. El hecho de ser la segunda jurisdicción en Europa, por detrás de Suiza, en adaptarse a la Directiva de gestores de fondos de inversión alternativa (directiva AIFM en sus siglas en inglés) espera que le proporcione ventajas competitivas. Pero además, la plaza financiera ha aprovechado esta norma para crear un nuevo tipo de sociedad, la Sociedad Comanditaria Especial (SCS), a imagen y semejanza de la partnership anglosajona y cuyos dos pilares son la transparencia y neutralidad fiscales.
Tres días antes, Guernsey –competidor directo de Luxemburgo y líder indiscutible en domiciliación de partnerships Ltd. vinculadas al capital riesgo- anunciaba la firma de acuerdos con 27 organismos supervisores de la UE – entre los cuales no está España- para así poder seguir estando en el mercado europeo de la inversión alternativa. Con la vista puesta en el próximo 22 de julio, fecha tope impuesta por la UE para adaptar a la normativa interna la directiva de gestores de inversión alternativa, la isla del Canal ha firmado 27 acuerdos de cooperación bilaterales que afectan a hedge funds, fondos inmobiliarios y capital riesgo entre otros productos. Estos acuerdos, se aplicarán desde el mismo día 22 de julio y permitirá que los fondos de Guernsey puedan seguir recibiendo inversiones de inversores cualificados de la UE a través de su régimen de NPP (national private placement –colocaciones privadas-) ya que estarán sujetos a los procedimientos de notificación de los supervisores de cada país.
La competencia para Luxemburgo es dura. Mientras el Gran Ducado parte de cero con su nueva SCS, al tiempo que implanta un nuevo régimen fiscal interesante (pero tampoco tan amplio como se esperaba para los gestores que se instalen en Luxemburgo), lo que Guernsey está haciendo es prepararse para tener un régimen regulatorio dual que le asegure que puede seguir dando servicio tanto dentro como fuera de la UE una vez que entre en vigor la directiva AIFM.
Como así ha señalado Fiona Le Poidevin, directora ejecutiva de Finanzas de Guernsey, los acuerdos firmados con los supervisores aseguran que “los gestores de Guernsey continuarán teniendo acceso a los mercados de la UE a través de los regímenes existentes de colocación privada -National Private Placement-. Asimismo, en su opinión “la introducción de este régimen deja a Guernsey en una posición única para poder ofrecer servicios dentro y fuera de la UE desde una jurisdicción que están en la zona horaria europea, pero que no es parte de la UE”. Asimismo, y teniendo en cuenta que no será antes de julio de 2015 cuando la Comisión Europea establezca el pasaporte de fondos alternativos de gestores no europeos, los gestores de Guernsey sí podrán acceder al mercado europeo bajo el régimen de NPP. De esta forma, la isla se coloca en situación de ventaja frente a jurisdicciones no europeas como Caimán.
La adaptación a la directiva AIFM de Luxemburgo sigue fielmente la directiva europea y afectará a los gestores establecidos en Luxemburgo que gestionen y/o comercialicen un fondo de inversión alternativa (FIA) en la UE. También a las personas jurídicas de derecho luxemburgués cuya actividad habitual sea la gestión de un FIA independientemente del hecho de que el FIA esté establecido en Luxemburgo, en otro Estado de la UE o en un país tercero. La nueva norma, que establece para determinados casos un plazo de adaptación de un año, regula todo lo concerniente a la autorización de gestores para establecerse en Luxemburgo; se encarga de cuestiones relativas a los depositarios; a las obligaciones de información y, al igual que la directiva, establece toda una casuística de localizaciones posibles del gestor y de los fondos. Además, se completa con la puesta en marcha de la SCS y un régimen fiscal interesante sobre el papel para los carried interest, pero difícil de cumplir.
