Las gestoras españolas estaban esperando como agua de mayo la nueva regulación relativa a una mayor flexibilidad para invertir en activos con menor rating, a tenor de la respuesta que han dado a través de sus comunicaciones a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Desde que hace solo algo más de dos semanas, el pasado 20 de julio, se publicara en el BOE el nuevo reglamento de IIC que, entre otras cosas, permite a las gestoras mantener en sus carteras activos con niveles de rating iguales o por encima del de la deuda española aunque ello suponga incumplir lo estipulado en el folleto, sin estar obligadas a dar derecho de separación y realizar comunicaciones individualizadas, 32 gestoras de IIC se han acogido al artículo 14.2. Según dicho artículo, para realizar esos ajustes en la política de inversión sólo tendrán que comunicarlo en un hecho relevante, con carácter previo a las modificaciones. El supervisor también propuso un modelo de hecho relevante al que todas se han ajustado.
Son muchas las que vienen aprovechando esta posibilidad desde hace dos semanas. Sólo un día hábil tras la entrada en vigor, Amundi Iberia, Belgravia Capital, BBVA Asset Management y Popular Gestión Privada comunicaron estos cambios a la CNMV, lo que daba idea de ese deseo de ajuste con menos consecuencias que antes. Un día después, ya eran siete, tras sumarse Unnim Gesfons, Mapfre Inversión y Santander Asset Management.
Dos semanas después, las entidades que han comunicado futuros ajustes en la política de inversión de sus fondos superan la treintena. Se trata de Abante, Acacia Inversión, A&G Banca Privada, Arquia Gestión, Banco Alcalá Wealth Management, BBK Gestión, BMN Gestión de Activos, BNP Paribas Investment Partners, Caja España Fondos, Crediges, Crédit Agricole Mercagestión, Credit Suisse, DWS Investments, GIIC Fineco, Gescooperativo, GesFibanc, Ibercaja Gestión, InverCaixa, Inverseguros, March Gestión de Fondos, KutxaGest, Popular Gestión, Seguros Bilbao Fondos, Unigest y VitalGestión, además de Amundi Iberia, Belgravia Capital, BBVA AM, Popular Gestión Privada, Unnim Gesfons, Mapfre Inversión y Santander AM, los primeros en hacerlo.
Los hechos relevantes están siendo muy numerosos, puesto que la CNMV obliga a realizar una comunicación por cada fondo, aunque en cada una de ellas la gestora ha de nombrar a todos los productos afectados. Bajo el epígrafe “Ajuste de los rating de los folletos a la calificación crediticia del Reino de España” o algo similar, ya se han anunciado cambios en unos 660 fondos de inversión. Lo que quiere decir que estos fondos pueden invertir en deuda que esté situada ahora mismo a un escalón del bono basura, en línea con la calificación de la renta fija española, aunque inicialmente su folleto lo impidiese.
En la lista de fondos que se han acogido a la norma figuran hasta ahora productos garantizados, de renta fija, mixtos, de renta variable, fondos de fondos e incluso ETF (que pueden invertir la mayor parte de su cartera en deuda si así lo creen oportuno, utilizando derivados para realizar la réplica del índice o mercado en cuestión), así como algunos de gestión muy activa e incluso alternativa. Sin embargo, apenas hay fondos monetarios, como el Banif Monetario, de Santander AM, o algún fondepósito que encaja en su definición. Entre las gestoras que lo intentaron aplicar y se toparon con la oposición de la CNMV está Popular Gestión Privada.
Y es que algunos fondos monetarios están muy limitados para acogerse a la norma 14.2; sólo pueden hacerlo si la rebaja de rating afecta únicamente a la deuda pública de su cartera, con límite BBB- (la actual de España). Por eso, algunos no pueden hacerlo, pues otros ajustes derivados de caídas de rating sí se consideran cambios sustanciales en la política de inversión, puesto que la disminución de la calidad crediticia de los activos de deuda que no sea pública hasta el nivel actual de la deuda española supone, por definición, un cambio de categoría de producto, pasando de monetario a renta fija a corto plazo. Ese cambio sí requiere un cambio de nombre y de categoría, y por tanto, implica un derecho de separación y comunicación individualizada a los partícipes. Así lo explica Jordi Padilla, director general de Popular Gestión Privada.
Algunas entidades también han rectificado tras hacer la comunicación, como Invercaixa, que tras dar la lista de sus 40 fondos afectados por el cambio de política, comunicó la exclusión del Foncaixa Fondtesoro Largo Plazo.
