Tan solo un día después de que Enrique Peña Nieto comenzara su mandato como presidente de México el pasado mes de diciembre, el nuevo gobierno se unió al resto de partidos políticos en la firma del denominado ‘Pacto por México’, un gran acuerdo plasmado en 95 propuestas de reformas económicas y sociales que ya han empezado a dar sus frutos en sectores que muchos consideraban ‘intocables’, como la educación, las telecomunicaciones y los medios de comunicación.
Sin embargo, según explica Henderson Global Investors en una reciente publicación, “la energía es una de las áreas donde las reformas son más necesarias, pero también más difíciles. La constitución mexicana le otorga al Estado la propiedad de los recursos energéticos y del gigante petrolero Pemex (Petróleos Mexicanos), lo que en la práctica ha supuesto una inversión insuficiente en prospecciones que ha lastrado la explotación de las reservas petrolíferas mexicanas en aguas profundas. A esto se añade que el gobierno ha venido usando Pemex como una fuente de financiación, ya que la petrolera genera cerca de un tercio de los ingresos públicos”.
El Banco Central de México rebajó la semana pasada sus previsiones de crecimiento para 2013, del 3-4% al 2-3%, por la debilidad del entorno exterior. “Una reforma energética bien planteada podría multiplicar el crecimiento del PIB mexicano, aunque vemos probable que una mayoría de la población se oponga a la liberalización del sector. Además, varios de los signatarios del Pacto ya se han manifestado en contra de estas reformas, lo que podría incrementar las tensiones políticas”, apuntan desde la gestora.
