A escasos cinco meses de su implantación, los responsables de diez firmas extranjeras intercambian impresiones en una mesa redonda organizada por Funds People sobre las implicaciones que podría tener en España la aplicación de la nueva normativa.
Si hay un tema que actualmente está centrando las conversaciones que los equipos de las gestoras internacionales están manteniendo con sus clientes ese es el de MiFID II y las implicaciones que el nuevo marco regulatorio traerá aparejado en el mercado español. “La llegada de MiFID II está sin duda en las agendas de todos los que formamos parte de la industria", reconoce Aitor Jauregui, responsable de desarrollo de negocio de BlackRock en Iberia. A escasos cinco meses de que la normativa entre en vigor, preocupan los plazos y la indefinición que todavía hoy existe sobre su aplicación, así como los efectos que pueda provocar sobre la industria de gestión de activos en España.
Así lo han puesto de manifiesto los responsables para España de diez firmas extranjeras en una mesa redonda organizada por Funds People, un foro en el que han debatido sobre las oportunidades y los retos que entraña MiFID II desde distintos ámbitos. En lo que existe unanimidad es que la normativa introducirá más transparencia en el sector. Nadie parece dudar en este punto. “MiFID II debería servir para alcanzar una mayor armonización y transparencia en el sector”, coinciden en afirmar Marta Marín, directora general de Amundi Iberia y Juan Infante, responsable de UBS AM para España y Portugal.
Los costes se harán visibles y explícitos...
“La transparencia a la que obliga la directiva a partir de enero de 2018 será muy positiva para los inversores. La obligatoriedad de desglosar los costes, en función de si son de asesoramiento o de gestión de carteras, va a permitir al inversor saber si aquello que paga vale lo que cuesta y también que se fomente una competencia sana en torno a los costes de gestión de los fondos. Ese será el principal cambio que traerá MiFID II”, asevera Sebastián Velasco, director general de Fidelity para España y Portugal. En su opinión, el hecho de que el partícipe vaya a poder ver en su extracto trimestral lo que está pagando por los productos en los que invierte hará que tanto distribuidores como inversores empiecen a tomar decisiones, lo que –a su juicio- se traducirá en una presión de márgenes para la industria, sobre todo en el actual entorno de bajos tipos de interés.
... y podrían ser mayores que actualmente
Sin embargo, si en algo también coinciden los responsables de las gestoras internacionales es que, para el inversor, la mayor transparencia no necesariamente significará menores costes. De hecho, es posible que éstos se vean incrementados. “La regulación persigue aumentar la transparencia y la protección del inversor. A largo plazo conseguirá aumentar la competencia y la confianza, pero a corto plazo su implementación podría tener otros efectos como el aumento de costes, algo que por otra parte el sector asume”, señala Mariano Arenillas, responsable de Deutsche AM para Iberia. Este escenario no sería de extrañar, sobre todo teniendo en cuenta que este incremento de los costes es algo que ha sucedido ya en algunos países europeos, donde el nuevo marco regulatorio es hoy una realidad.
“En Reino Unido la RDR ha supuesto tanto un aumento de costes para el cliente final como un aumento en el volumen de clientes que ya no reciben asesoramiento financiero. El supervisor se ha centrado en la transparencia y la resolución de los conflictos de interés, no tanto en los costes”, apunta Ignacio Rodríguez Añino, director de ventas de M&G Investments para España, Portugal y América Latina. Además de esto, en Reino Unido el encarecimiento de los servicios de asesoramiento y la fuerte presión en márgenes para las entidades ha motivado que muchos asesores hayan echado el cierre y que millones de ahorradores no tengan acceso al asesoramiento del que disfrutaban anteriormente, como es el caso aquellos con menos de 100.000 libras. El objetivo es evitar que esto se produzca también en España.
En este sentido, Gonzalo Rengifo, director general de Pictet AM para Iberia, considera que la propuesta de Inverco de incluir el cuarto supuesto en la directiva en torno a los incentivos en la comercialización de fondos en España es positiva para todos esos inversores con patrimonios más pequeños que actualmente no sienten la necesidad de tener que pagar por asesoramiento y, a su vez, también representaría una oportunidad para las entidades financieras de poder seguir ofreciéndoles soluciones de inversión adaptadas a sus necesidades. "El cuarto supuesto está dando lugar a malinterpretaciones. No significa que los bancos quieran continuar cobrando retrocesiones, sino que quieren poder seguir ofreciendo soluciones de inversión a sus clientes y evitar el advisory gap”, subraya.
Impacto sobre el asesoramiento
Otra de las grandes incertidumbres que existen es si MiFID II va a poner en valor el asesoramiento en España. Carla Bergareche, directora general de Schroders para España y Portugal, entiende que sí y que eso será positivo siempre y cuando ese asesoramiento no sea algo a disposición exclusivamente de las rentas altas. “Hay nuevos jugadores que están ocupando ese lugar y las entidades están haciendo un especial esfuerzo en ofrecer soluciones empaquetadas”, revela. A su juicio, el asesoramiento cobrado explícitamente va a ir creciendo en España paulatinamente. “MiFID II es el comienzo de este proceso”, afirma. Este es un punto que genera debate, ya que podría depender de si el inversor siente la necesidad de contar con asesoramiento profesional o no. Aquí las opiniones se dividen entre los que piensan que sí y los que creen que debería, pero que no será el caso.
A este respecto, también hay quien considera que el nuevo marco normativo no favorece en absoluto alcanzar uno de los grandes retos que tiene por delante España como país: el de impulsar el ahorro a medio-largo plazo. “El enfoque de la nueva normativa es mejorable si quieres lograr esto. Si el asesoramiento es una forma de generar ahorro, no se debe penalizar. Hacerlo sería cometer un gran error”, indica Rengifo. A su entender, es necesario contar con un marco legal que deje muy clara cuál debe ser la relación proveedor-cliente, pero estos marcos de protección al partícipe los acaba pagando el propio inversor, al que se le penaliza. “Esto es lo que se debería tratar de evitar a toda costa para no enfrentarnos a situaciones como las que se están viviendo actualmente en Reino Unido u Holanda”, subraya.
Incertidumbre sobre el modelo de negocio que elegirán los distribuidores
Otro de los cambios más relevantes que introduce la normativa será el hecho de que los asesores tendrán que declararse independientes o no independientes. Todo apunta a que el modelo predominante en España va ser el del asesoramiento no independiente, si bien todavía existe mucha incertidumbre con respecto a cuál será la opción por la que se decantará cada jugador. “Cuando hablas con los distintos distribuidores te das cuenta de que todavía no tienen muy claro cuál va a ser el modelo de negocio al que se van a aferrar. No es de extrañar, ya que tampoco se saben cuáles serán las exigencias requeridas para declararse independiente. Esa falta de visibilidad puede ser negativa para la industria”, reconoce Añino.
¿Habrá racionalización en las clases de los fondos?
El hecho de no contar con una regulación definida, con apenas tiempo de adecuación y donde la implementación de MiFID II se va a producir de manera simultánea en todos los países europeos, está generando mucho ruido en otro ámbito: el de las clases de los fondos. Según Javier Mallo, responsable de ventas de Legg Mason para España y Portugal, “habrá racionalización en este ámbito, pero ello no va a derivar en un menor número de clases, sino en un proceso de homogeneización". Esto podría derivar en un escenario en el que las entidades se alinearán y se adaptarán a las distintas necesidades, dando como resultado básicamente dos o tres clases a nivel europeo.
Coincide con Sebastián Velasco, quien augura que la industria tenderá a ir hacia un escenario en el que existan dos o tres clases pero, dentro de cada una, distintas denominaciones (clases en euros, dólares, con coberturas, sin coberturas...). “Eso es muy difícil de racionalizar porque responde a las necesidades de distintos inversores”, asegura. Por su parte, Íñigo Escudero se muestra convencido de que donde las gestoras deberían racionalizar “es en el nombre de la clase, es decir, que todas las clases institucionales tengan la misma letra, así como las retail, las limpias…”, concluye el director de ventas y de servicio al cliente de Invesco para Iberia y Latinoamérica.
