En los últimos meses, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha presentado dos nuevos documentos de preguntas respuestas. A diferencia de anteriores cuestionarios, en los que las interpretaciones del supervisor generaron preocupación en el sector como ocurrió cuando se extendió la aplicación de MiFID II a las gestoras en diciembre de 2020, esta vez los participantes de la XIX edición del Debate Legal FundsPeople celebran el carácter incontrovertido y aclaratorio de los últimos documentos.
Criptoactivos
En concreto, respecto a la actualización sobre la normativa de Instituciones de Inversión Colectiva (IIC), Entidades de Capital Riesgo (ECR) y otros vehículos de inversión colectiva cerrados, Elisa Ricón, directora general de Inverco, señala que clarifica las distintas posibilidades de exposición a criptomonedas, que siempre deberá de ser de manera indirecta a través de vehículos y derivados. Por otro lado, aunque se flexibilice el criterio de imputación de gastos de recuperación de retenciones fiscales, lamenta que “las entidades sufren la falta de diligencia y/o coordinación de las haciendas de los distintos países, que debería resolverse en origen y no ser las entidades las que tengan que perseguir la devolución de las retenciones”.
En opinión de Salvador Ruiz Bachs, socio en Allen & Overy, la pregunta relacionada con criptoactivos supone una buena aclaración. “Parecía raro que los inversores profesionales no pudieran acceder a ellos cuando la norma lo permite”, destaca. A nivel europeo, recuerda que se trabaja en tres paquetes normativos importantes: MICA, DORA y el Régimen Piloto. Ruiz Bachs cree que “es un sector que necesitaba ser regulado porque hay activos que no son valores negociables ni instrumentos financieros o de pago que se están ofreciendo sin ningún tipo de control supervisor”.
Alfredo Oñoro, director de Cumplimiento Normativo en Cecabank, piensa que en el plano de la prevención del blanqueo de capitales también queda mucho recorrido respecto a los criptoactivos. “Hay que esperar a ver cómo evoluciona MICA”, contextualiza. Para el directivo de Cecabank, el sandbox es clave para este tipo de activos. Algo que comparte Pilar Galán, socia en KPMG Abogados, quien cree que “una mayor exploración de casos de uso dará una mayor seguridad jurídica”. En este sentido, apunta como hecho significativo que la mayoría de los proyectos presentados en el sandbox están relacionados con el uso de la tecnología blockchain.
Pilar Lluesma, counsel en Uría Menéndez, ve una buena iniciativa que la CNMV se haya querido pronunciar sobre la publicidad de los criptoactivos con una Circular. “Aunque no sea el regulador de este tipo de activos, porque en su gran mayoría no son instrumentos financieros, en la medida en que sean un vehículo de inversión veo bien que tengan el objetivo de proteger a los inversores”, afirma.
Otra novedad importante relacionada con los criptoactivos, y que parte de una reclamación del sector, es la incorporación del servicio de gestión discrecional en la lista de presentación de servicios de inversión sobre criptoactivos en MICA.
Sostenibilidad
Pero la ASG es la estrella en el ámbito regulatorio desde 2019, tal y como contextualiza Lluesma. “En el ultimo medio año, el 50% de las comunicaciones legales están enfocadas en este tema”, reconoce. No obstante, cree que han pasado ya tres años y no hay resultados palpables, a pesar de ser una apuesta clara de la Unión Europea.
Todos los participantes coinciden en la crítica al proceso legislativo relacionado con la sostenibilidad. “Se ha estado empujando para que fuese todo muy rápido, lo que ha provocado una clara falta de concreción”, determina Oñoro. “Siempre se ha visto como algo muy positivo por parte de las entidades, pero la falta de concreción podría provocar un sobrecoste cuando se produzcan los cambios y matices de los Reglamentos Técnicos de Desarrollo”, señala el directivo de Cecabank.
Aunque, en general, las entidades apoyan recorrer este camino, Ruiz Bachs considera que “hay entidades que abrazan el objetivo de sostenibilidad como una cuestión estratégica de ventaja y oportunidad y luego están los que están viendo cómo lo solucionan en términos de reporting y compliance”. Desde el lado normativo, reflexiona, le parece preocupante que todavía no esté claro qué es promover características medioambientales y sociales.
Pilar Galán nota distintas velocidades. “Algunas entidades están trabajando para adaptar su gama de producto, y aunque todavía tienen pocos fondos artículo 9, sus catálogos van a evolucionar mucho y rápido hacia productos sostenibles del 8 y el 9”, avanza. Otras entidades de nicho, determina Galán, “siguen en el artículo 6 y no están evolucionando”. En general, piensa que están siendo cautas para no tener que volver luego atrás, dada la indefinición regulatoria existente.
Por otro lado, Ricón recuerda que existen distintos grados de exigencia en los criterios de registro de los productos según el supervisor europeo que corresponda. “Hay jurisdicciones en las que registrar un fondo bajo el articulo 9 es más fácil que en España, donde hoy solo hay unos pocos”, afirma Ricón. En su opinión, esto puede impulsar a que haya fondos que directamente se registren en el extranjero.
El documento de preguntas y respuestas de criterios para la aplicación de la nueva normativa europea en materia Ambiental, Social y de Gobernanza (ASG), puntualiza Ricón, es una muestra más del esfuerzo del supervisor nacional de ayudar a aterrizar algo que está demasiado abierto en el nivel I. “Es positivo que la CNMV establezca criterios, pero lo deseable es que la propia Comisión Europea hubiera dejado definidas estas cuestiones”, reflexiona la directora general de Inverco, que aboga por una armonización europea. “Lo único que desde el principio parece claro en esta norma son los calendarios de aplicación”, comenta Ricón.
Visión que comparte Pilar Galán, quien cree que “algunos de los criterios establecidos se someten a un futuro pronunciamiento desde Europa”. En definitiva, los expertos consideran que el hecho de que gran parte del contenido no esté definido genera una dificultad adicional. “Además del periodo de análisis, las grandes entidades necesitan por lo menos seis meses para terminar de implementar los cambios en los sistemas”, manifiesta la socia de KPMG Abogados, quien opina que “iremos construyendo el camino poco a poco”.
