EFPA y el IEB han elaborado un informe en el que se tratan aspectos como el asesoramiento a clientes retail o la cualificación de los profesionales, entre otros.
Cualificación, competencia y oportunidades de negocio. En líneas generales, estas son las novedades que impondrá y generará -según el caso- MiFID II a las entidades financieras y los profesionales de la inversión a partir de 2018 en los mercados europeos. Pero, más allá de generalidades anunciadas con anterioridad, la industria de gestión de activos y patrimonios comienza a impacientarse ante la falta de iniciativas concretas -hasta mediados de 2017 no se transpondrá en España la directiva europea- que puedan servir de referente de unos modelos de negocio a otros. Por eso, EFPA en colaboración con el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB) ha elaborado un estudio que anticipa respuestas a algunas de las preguntas más frecuentes al respecto, titulado Nuevos Modelos de Negocio en el Asesoramiento Financiero tras las Modificaciones Regulatorias de MiFID II.
Según los autores, la composición de los ahorros financieros de las familias españolas (muy conservador), el sesgo local de las carteras (cercanía y supuesto mayor conocimiento), el cortoplacismo (concentración en liquidez, renta fija a corto plazo y depósitos) y el patrimonio medio (modesto) hace plantearse quién podrá pagar por recibir asesoramiento financiero.
Una de las grandes conclusiones que se extraen del estudio es que las familias con patrimonio medio (con un rango estimado de hasta los 250.000 euros o los 300.000 euros) no podrán recibir asesoramiento financiero independiente tradicional. “Una comisión de 1.000 euros, 2.000 euros o, incluso, 3.000 euros al año no supone una remuneración adecuada para una planificación financiera profesional y responsable con la dedicación en horas, formación y esfuerzo que requiere”, asegura el coordinador del informe, Sergio Miguez, del departamento de Investigación del IEB.
Entonces, ¿qué ocurrirá con los clientes minoristas y sus inversiones a partir de la entrada en vigor de MiFID II? Casi tres cuartas partes de los encuestados consideran soluciones alternativas los fondos perfilados y los fondos multiactivos al propio asesoramiento para los inversores minoristas con un nivel patrimonial tan bajo que no cubra los costes de prestar este servicio.
Además, un 54% de los consultados cree que el mercado transitará hacia un modelo dual de asesoramiento, independiente y no independiente. Concretamente, siete de cada diez consideran que los clientes de segmentos altos (banca personal y privada) estarían dispuestos a pagar explícitamente por el servicio, pero sólo si perciben un valor añadido en el asesoramiento prestado.
Preocupación por la cualificación de los profesionales
Otro de los aspectos donde más incide la norma es en la capacitación y cualificación profesional de aquellas personas que, dentro de una entidad, asesoren o informen a los clientes sobre productos y servicios de inversión. Por eso, muchas entidades nacionales han puesto en marcha durante los últimos meses ambiciosos programas de formación y certificación para sus empleados.
No obstante, señala Santiago Satrústegui, vicepresidente de EFPA España, “nos da miedo que las entidades formen y acrediten a la vez”, en referencia a programas ad hoc en colaboración con universidades o escuelas de negocio. A su juicio, “lo idóneo es que el certificador sea una entidad distinta a la formadora”, algo que evitaría los conflictos de intereses y redundaría en mayor profesionalidad.
