A lo largo de su mandato, ha quedado claro que Donald Trump no tiene una especial sensibilidad hacia todo lo relacionado con el cuidado y protección del medio ambiente. Aunque el portazo del presidente de Estados Unidos a los objetivos del Acuerdo de París ha sido lo más sonado de su legislatura en lo que a materia medioambiental se refiere, no ha sido ni mucho menos la única bofetada que el actual inquilino de la Casa Blanca le ha dado a los defensores de un planeta más verde y sostenible. Derogación de leyes de protección de los ríos, freno a normas orientadas al control de los vertidos o modificación de planes clave para reducir la emisión de dióxido de carbono son solo algunas de las iniciativas gubernamentales aprobadas durante estos cuatro años por su Administración.
La última medida supone una nueva vuelta de tuerca que va en la misma dirección y que afecta de lleno a la industria de gestión de activos. El Departamento de Trabajo de Estados Unidos tiene la intención de aprobar una ley para limitar el uso de fondos que siguen criterios ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo (ESG) en los planes de jubilación que muchas empresas americanas ofrecen a sus empleados, los denominados 401(k). Para ello, ha propuesto una norma que restringiría el uso de inversiones que consideren factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo en los planes de jubilación de los trabajadores sujetos a ERISA (la Ley de Seguridad de los Ingresos de Jubilación de los Empleados), en los que se incluyen estos planes para la jubilación.
Tal y como explica en un artículo Jon Hale, responsable global de Análisis sobre Inversión Sostenible en Morningstar, el proyecto de ley cuestiona la materialidad financiera de los factores ASG y asume que las estrategias y fondos que siguen esta filosofía se centran en proporcionar beneficios “no pecuniarios”, a menudo a expensas de los beneficios “pecuniarios”. Dicho de otra forma: que la ASG renuncia a la rentabilidad a cambio de alcanzar otros objetivos. En consecuencia, la propuesta establece nuevas y onerosas normas sobre las condiciones en las que los fiduciarios de los planes pueden incluir inversiones ASG, prohibiendo además que se designen como alternativas de inversión en los planes 401(k).
Esta iniciativa no solamente se ha encontrado con el frontal rechazo de Morningstar y del mundo de la gestión de activos, sino que también de otros estamentos de la sociedad americana. “Cuando la agencia federal propone una normativa como ésta, debe permitir que se opine de ella públicamente durante un período que normalmente oscila entre los 60 y los 90 días. En este caso, el Departamento de Trabajo lo limitó a sólo 30 días a pesar de ser un asunto que está suscitando un interés significativo y creciente por parte de los inversores, los participantes y los beneficiarios de los planes de jubilación. A pesar de este período de comentarios inusualmente corto, el Aviso de Propuesta de Reglamentación generó 8.737 reacciones, incluidas varias cartas de petición firmadas por miles de personas”, revela Hale.
Si bien el Departamento de Trabajo debe leer y considerar los argumentos expuestos en los comentarios antes de tomar una decisión final, el responsable global de Análisis sobre Inversión Sostenible en Morningstar cree que el escaso período que se ha dado para realizar alegaciones al texto y el poco tiempo que queda para las elecciones de noviembre apuntan a una intención por parte del Gobierno de Estados Unidos de lanzarse precipitadamente a definir la nueva ley. “Antes de que eso suceda, puede ser interesante saber lo que el público y las partes interesadas tienen que decir sobre la propuesta”, recuerda el experto.
El equipo de investigación de Morningstar hizo un ejercicio: analizó si cada comentario expresaba el apoyo o la oposición a la propuesta de ley, englobando cada uno de ellos en tres grupos: personas, empresas y organizaciones relacionadas con la inversión, y compañías y organizaciones no vinculadas con el sector. “Los comentarios del público se oponían abrumadoramente a la iniciativa. El 95% de los comentarios estaban en contra. Me sorprendió que el nivel de oposición fuera igual de alto entre las empresas y organizaciones vinculadas a la inversión. De los 229 comentarios de profesionales del sector, el 94% se oponía a la propuesta y sólo el 2% estaba a favor. No hubo ni un solo comentario de apoyo a la iniciativa por parte de asociaciones de inversores o planes de pensiones”, subraya Hale.
Las gestoras de activos fueron casi unánimes en su rechazo al texto, con sólo uno de los 86 comentarios a favor. “Las opiniones en contra no solo vinieron de las entidades enfocadas en la inversión ESG, sino también de muchas grandes firmas de activos convencionales, entre ellas BlackRock, Fidelity, State Street Global Advisors, T. Rowe Price y Vanguard. El único comentario de apoyo provino de una pequeña gestora de fondos que cotiza en bolsa llamada Vident Financial. Los proveedores de servicios financieros, incluyendo Morningstar, se opusieron a las intenciones de la Administración Trump por 24 a 2. Del mismo modo, los asesores financieros expresaron una fuerte oposición, y 44 de los 46 que comentaron la propuesta se posicionaron en contra”.
Las razones argumentadas por los que han emitido sus comentarios en ese plazo de 30 días giran en torno a que la propuesta no se basa en la evidencia de que exista realmente un problema sino en la suposición errónea y sin fundamento de que los fondos ASG sacrifican rentabilidad en favor de recompensas “no pecuniarias”. Además, la norma obvia que la incorporación de los factores ASG en las decisiones de inversión debe considerarse una parte del deber fiduciario. Es más: excluir del análisis estos criterios podría ser perjudicial para los beneficiarios de los planes. También se señaló que, el hecho de someter a un mayor nivel de escrutinio y restricción a la inversión ASG, es inapropiado y no está justificado. Son los argumentos más repetidos.
