Pilar Lluesma, counsel en Ashurst, reflexiona sobre las ventajas e inconvenientes que ha traído consigo el modelo de incentivos hasta ahora en España.
TRIBUNA de Pilar Lluesma, counsel en Ashurst.
Tras un periodo de relativa tranquilidad en torno a los incentivos vinculados a la distribución de productos financieros, de nuevo resurge con fuerza la eterna discusión alrededor de su prohibición. Y, ¿a qué se debe?
Como es conocido, la Comisión está preparando una estrategia de inversión minorista (SIM) que se publicará en abril de 2023. Los incentivos han sido uno de los temas en discusión desde el primer momento en el SIM, si bien durante los últimos meses y más claramente en la intervención del pasado 24 de enero de la comisaria de asuntos financieros, Mairead McGuinness, ante el Comité Económico del Parlamento Europeo parece que la balanza cada vez más se inclina hacia la prohibición de los incentivos, al menos parece claro del lado de la Comisión, no tanto así por el momento desde el Parlamento Europeo o el Consejo.
¿Cuáles son los argumentos esgrimidos? Podrían resumirse en dos: por un lado, los productos distribuidos con pago de incentivos son más caros, en concreto, según la comisaria, un 35%; y por otro, el asesoramiento que se está recibiendo no es un asesoramiento independiente o, al menos, estaría sesgado en beneficio de las entidades financieras. A este respecto, la Comisión tiene como objetivo último proporcionar a la inversores minoristas "better value for money", aunque todavía no se sabemos muy bien cuál es su significado e implicaciones.
Los beneficios
A sensu contrario, también habría que poner en valor los beneficios que ha traído consigo el actual régimen de incentivos tasado que tenemos en España: la incorporación de la arquitectura abierta en la distribución de los productos, mitigándose de esta forma los potenciales conflictos de interés vinculados a los incentivos, así como el acceso al asesoramiento y a herramientas y servicios de valor añadido, lo que permite al inversor minorista tomar decisiones de inversión con conocimiento de causa, circunstancia que además será de crucial importancia en la inversión ESG.
El temor asociado a la prohibición de los incentivos, al margen de los cambios que implicaría en los modelos de negocio de las entidades financieras, es que los mencionados beneficios acaben por reducirse o desaparecer para el inversor minorista, y ello se traduzca en una menor participación de la inversión minorista en los mercados de capitales de la Unión Europea, e incluso hacía productos no regulados y con mayor riesgo.
Obviamente la situación descrita, está provocando la reacción por parte de las entidades financieras, de sus asociaciones e incluso de algunos países, como es el caso de Francia, Alemania y Austria, en defensa del actual modelo de distribución a través de incentivos y que en definitiva es el mayoritariamente implantado en la UE, a excepción de Holanda.
Tendremos que esperar al próximo mes abril para saber cuál es la propuesta definitiva de Comisión y la posición que adopta el Parlamento y el Consejo.
