Hemos asistido en días pasados a una reciente controversia entre el ministro Celestino Corbacho y la ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, sobre la tasa de economía sumergida en nuestro país. A nuestro parecer, estas discusiones sobre la magnitud del fraude fiscal o la economía sumergida tienen poco valor ante la gravedad que muestra el abrupto descenso de ingresos tributarios en los dos últimos años, nada más y nada menos que 56.600 millones de euros, más de una cuarta parte, concretamente el 28,2% de la recaudación global de impuestos en España.
Esto resulta aún más relevante si tenemos en cuenta que en el año 2008 aún creció el PIB y que en 2009 se redujo un 3,6%, en tasa inferior a algunas economías avanzadas de la Unión Europea. No es díficil deducir de estas cifras el grave problema de incremento del fraude fiscal y la economía sumergida existente en nuestro país, ante lo cual la principal preocupación de nuestro Gobierno debería centrarse en la adopción de medidas eficaces para atajarlo.
En estos últimos días, la economía sumergica volvió a saltar a la palestra política e informativa debido al Plan Integral de Prevención y Corrección del Fraude Fiscal, Laboral y a la Seguridad Social que el Gobierno acaba de aprobar. No hace falta decir que sobran motivos y explicaciones para este impulso estratégico: la crisis y las dificultades económicas han acrecentado en estos últimos años las actividades subterráneas y también ha minado las arcas públicas, hasta el punto de que se buscan medidas para equilibrar las cuentas, como la subida del IVA a partir de julio o alargar la edad de la jubilación.
Está claro que la lucha contra la economía sumergida no está siendo eficaz. A pesar de la Ley 36/2006 de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal y del nuevo Plan Antifraude, el Gobierno no ataca desde los suficentes frentes la economía sumergida, cuya tasa ha crecido en 2,4 puntos porcentuales en la última década para situarse en un 23,3% del PIB -muy por encima de la de nuestros vecinos europeos. Hablamos de 245.000 millones de euros que escapan anualmente del control del Fisco.
Ante esta situación, los Técnicos de Hacienda hemos presentado un decálogo de medidas esenciales que el Gobierno debería haber incluido en este nuevo plan para conseguir frenar realmente la economía sumergida, la más elevada de Europa, sólo por delante de Grecia. El objetivo del Gobierno de aumentar los ingresos derivados de la lucha contra el fraude en 1.000 millones a tres años -el 1% del fraude- entre 2010 y 2013, es muy poco ambicioso, frente al ofrecimiento de los Técnicos de recaudar 6.500 millones adicionales solo en este año 2010, siempre y cuando les autorizaran a extender sus investigaciones a las grandes bolsas de fraude, más allá de pymes y autónomos.
En el momento actual, la impunidad de los defraudadores y la ineficacia de la lucha contra el fraude se sitúan a la cabeza de las causas principales del fraude en España y revelan el déficit de actuación de la Administración Tributaria. La terapia debe pasar necesariamente por modificar los dos principales elementos que lo retroalimentan: la insuficiencia e ineficiencia de las actuaciones contra el fraude y la concienciación ciudadana de la contribución solidaria a las cargas públicas y el cumplimento de deberes fiscales.
Las iniciativas que desde Gestha proponemos instan a centrar las investigaciones en las grandes corporaciones, sociedades instrumentales, cuentas depositadas en paraísos fiscales o la elusión de las grandes fortunas, además de mejorar la coordinación entre las Administraciones Públicas y a actuar en otros frentes, como es el de las polémicas Sicavs (sociedades de inversión colectiva).
Cambiemos la regulación de las Sicavs
El problema con estos instrumentos de inversión se traduce en que la realidad es sensiblemente diferente al espíritu de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva que los regula, ya que estas sociedades se crearon para contar con al menos cien accionistas y, al final, uno sólo controla la sociedad y a otros 99, denominados "hombres de paja". Esto deriva en un abuso de ley y en una tributación que, a nuestro juicio, no resulta del todo justa.
Por eso, parece de recibo que se eliminen las ventajas con que cuentan las Sicavs frente a otros instrumentos inversores, y que se limite la participación máxima que puede tener cada accionista. Además, también es necesario evitar que los grandes accionistas de las Sicavs españolas reembolsen importantes sumas de capital prácticamente sin tributar, algo que pueden hacer a través de la reducción de capital con devolución de aportaciones. Esto se traduce en el "privilegio" para las grandes fortunas cuyos patrimonios y plusvalías, al no reembolsarse, no tributan en el Impuesto de la Renta sino sólo en el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados y Transmisiones Patrimoniales, que grava entre el 0,5% y el 1% del importe retirado.
Pero en conjunto, y más allá de esta medida concreta, resulta paradójico que no estemos aprovechando el propio marco regulatorio con que contamos, como es el caso de la disposición adicional cuarta de la Ley 36/2006 antes mencionada, que contempla la creación de un Cuerpo Superior Técnico de Hacienda que permitiría aumentar considerablemente las acciones de control tributario, aduanero, y el gasto público, con los efectos directos que esto tendría sobre la economía sumergida..
Con ésta y otras medidas podríamos reducir la bolsa de dinero negro en 10 puntos porcentuales y situarnos en la media de los países europeos de nuestro entorno, lo que permitiría obtener una recaudación adicional de unos 38.500 millones anuales. De este modo estabilizaríamos el déficit y aseguraríamos las pensiones sin necesidad de adoptar polémicas medidas alternativas como el aumento de la edad de jubilación o el cambio en el periodo de cálculo de las pensiones que, al final, viene a perjudicar a los sectores de población más desfavorecidos.