Tribuna de Jose María Serrano, CFA, miembro de CFA Society Spain, perteneciente a la serie Visión de Fondo del Profesional CFA.
Según la memoria del Consejo General del Poder Judicial de 2013 había 1.661 causas de corrupción política en España: blanqueo de capitales, soborno, prevaricación o tráfico de influencias. Estas causas se agrupaban en 302 macro-procesos, como Operación Malaya, Trama Gürtel, ERE falsos de Andalucía, Caja Madrid, caso Pujol u Operación Púnica. Suman más de 1.900 imputados, al menos 170 condenados. La mayoría no ha ido a prisión, porque se impuso cárcel que no obligaba a ingresar, fue inhabilitado o multado o tiene recurso pendiente. De hecho, el 80% de los implicados en casos de corrupción en este siglo se centran en la clase política y cargos vinculados a partidos, según muestra del diario El Mundo. Los casos afectan sobre todo a PP y PSOE, pero también a CiU, UM o Coalición Canaria. También hay casos entre sindicalistas y patronales. Los inspectores de la Organización de Inspectores de Hacienda apuntan a que los casos se descubren por casualidad o denuncia. Una vez descubiertos no se devuelve el dinero.
Ahora el pleno del Congreso ha aprobado una ley para reforzar el control financiero de los partidos. Consolida un recorte del 40% de las ayudas públicas a los partidos políticos -ya aplicada los últimos años- y añade reducción del 20% a subvenciones para envíos de propaganda electoral. De hecho el gobierno del Partido Popular ha presentado un Plan Nacional de Regeneración Democrática que incluye 70 medidas: ley de transparencia, reforma del Código Penal, ley Reguladora del Estatuto del Alto Cargo con prohibición de participar con más del 10% en sociedades con vínculo con la Administración; ley de actividad económica de partidos políticos, con prohibición de condonaciones de deuda a partidos, límite a las subvenciones, obligación de rendir cuentas al Tribunal de Cuentas, ampliación de plazos de prescripción e incompatibilidad de la corrupción con pertenencia al partido.
Está muy bien, pero parece muy centrado en el “aspecto exterior”. Se echa de menos poner el dedo en la llaga y atacar el origen del mal. ¿Cuál es el proceso disciplinario interno de los partidos e instituciones? ¿Alguien conoce un director de cumplimiento de normas de conducta de algún partido político? ¿Comité de disciplina? ¿Capacitación, formación y revisión continua en materia ética y de conducta profesional? Es ahí donde debe empezar el coste para quien incumple normas legales y/o éticas, donde los primeros interesados en la protección del prestigio son los mismísimos miembros de cada institución.
Como en política, en inversión y finanzas la tentación existe y puede ser muy lucrativo incumplir las normas. Pero, tras años de estudio y esfuerzo puede suponer el fin de una carrera profesional y, desde luego, acabar en la cárcel. Un ejemplo en este sentido es el proceso disciplinario de CFA Institute, organización profesional sin ánimo de lucro cuya misión de liderar la profesión de la inversión a nivel mundial bajo los más altos estándares de ética, formación y excelencia profesional. Administra la certificación Chartered Financial Analyst, (CFA). Su código ético y normas de conducta profesional se aplican a nivel mundial y abarcan 120.000 miembros y 200.000 candidatos en 90 países. Cada año los miembros tienen que renovar su certificación, para lo que se les exige un mínimo de horas de estudio que incluyen obligatoriamente materias relacionadas con la ética profesional.
El proceso disciplinario de CFA Institute se basa en la protección de la integridad y prestigio. Empieza por el seguimiento de comportamientos que pueden estar violando el código ético o normas de conducta, a partir de quejas, iniciativas internas e incluso dudas expresadas por el propio miembro respecto a su propia conducta. La revisión de la actividad o conducta la llevan a cabo iguales, profesionales certificados, quienes evalúan al colega para garantizar que cumple los estándares. Es una forma de autorregulación. El proceso trata de asegurar la equidad y consistencia. Un comité de disciplina, que puede incluir miembros de todo el mundo, de una variedad de actividades -académicos, gestores de activos, analistas, reguladores y consultores- lleva a cabo el proceso de acuerdo a reglas establecidas. Además los miembros de comités disciplinarios reciben entrenamiento con regularidad. Incluso hay convocatorias para nuevos miembros destinadas a la capacitación, con simulaciones. Además un equipo ejecutivo trabaja en la revisión de las normas del proceso y contribuye a determinar si se necesita formación o entrenamiento adicional. Incluso se ha adoptado un sistema electrónico de gestión por el que los documentos se distribuyen electrónicamente, sin necesidad de papel.
El profesional investigado tiene la oportunidad de alegar, y oponerse o mostrar acuerdo. El resultado puede ser una amonestación privada, una sanción, suspensión temporal o una revocación del certificado. La investigación puede quedar archivada, pero cuando concluye en acción disciplinaria conlleva descripciones detalladas de la mala conducta y se hace pública, incluyendo una lista de personas bajo sanción. Además, los casos pasan a formar parte de una biblioteca de estudio, que sirve de ayuda y guía para el futuro. Menos del 1% de los miembros y candidatos están involucrado en un proceso disciplinario.
