Pilar Galán Gavilá, socia y responsable de área de Legal y Regulación del Sector financiero en KPMG Abogados, comparte algunas cifras del reciente informe publicado por KPMG “The Challenge of Greenwashing: An International Regulatory Overview.
Colaboración de Pilar Galán Gavilá, socia y responsable de área de Legal y Regulación del Sector financiero en KPMG Abogados.
El hecho de que la última Cumbre de Naciones Unidas sobre el cambio climático (la COP29) también se haya llamado Cumbre de las Finanzas resulta muy significativo. Sin duda, la financiación y la canalización de inversiones hacia proyectos que contribuyan a un mundo mejor para todos es un tema clave que se sitúa en el centro del debate sobre cómo avanzar en la transición hacia una economía neutra en emisiones de carbono. Y es que, aunque hay mucho que hacer y existe inversión y financiación disponible, la realidad es que no se está avanzando al ritmo necesario.
Por ello, resulta más necesario que nunca la involucración del sector privado y el público, así como el rol que juegan sectores como el de la gestión de activos. La inversión sostenible ha venido creciendo y consolidándose en los últimos años. Sin embargo, a medida que aumenta el interés por las inversiones ASG se incrementa el riesgo de greenwashing, es decir, de afirmaciones engañosas sobre sostenibilidad que no se corresponden con la realidad.
Creciente escrutinio de la información
Existe un escrutinio creciente por parte de inversores, accionistas y regulador, que exigen información clara, verificable y comparable, ya que existe un cierto escepticismo sobre la verificabilidad de las afirmaciones y por la dificultad o confusión que se deriva de la falta de definiciones claras. La preocupación sobre la validez de las informaciones sobre ASG se debe al impacto que puede tener en la confianza sobre los esfuerzos de sostenibilidad y en la toma de decisiones informadas. Los inversores buscan para sus inversiones sostenibles y de impacto, por una parte, rendimiento, y, por otra, información clara sobre el impacto positivo que produce cada una de sus inversiones.
El greenwashing en datos
Si nos fijamos en los datos sobre casos de acusaciones de greenwashing, llama la atención que, frente a la tendencia de los últimos años de un aumento notable anual, en 2024 esta tendencia se ha roto, identificándose una disminución de los casos. Este cambio de tendencia podría tener dos explicaciones tal y cómo se analiza en un reciente informe publicado por KPMG “The Challenge of Greenwashing: An International Regulatory Overview”.
Por un lado, podría reflejar una verdadera mejora por parte de las empresas, que están cumpliendo rigurosamente con la normativa debido al incremento del escrutinio. Por otro lado, otra hipótesis menos optimista sería que se debe al incremento del greenhushing, una práctica en la que las empresas optan por no comunicar públicamente o minimizar la visibilidad de sus esfuerzos medioambientales para evitar posibles acusaciones de greenwashing. Esto podría materializarse, por ejemplo, en el ámbito de la gestión de activos en la decisión de no clasificar ciertos instrumentos financieros como sostenibles. Este enfoque, aunque parezca prudente, es igual de dañino que el greenwashing, ya que frena los avances hacia una economía verdaderamente sostenible.
El greenwashing representa un desafío significativo para la industria de gestión de activos, ya que erosiona la confianza de los inversores y puede tener un fuerte impacto reputacional. A medida que los inversores se vuelven más exigentes y las regulaciones se vuelven más estrictas, es crucial que las gestoras adopten prácticas transparentes y responsables para que los inversores no pierdan la confianza en los productos financieros relacionados con la sostenibilidad y puedan tomar decisiones bien informadas.
¿Cómo combatir las prácticas de greenwashing?
Las iniciativas regulatorias y un enfoque orientado hacia la transparencia pueden ayudar a prevenir y a mitigar los efectos negativos de las prácticas de greenwashing.
Desde el punto de vista regulatorio, la Taxonomía de la UE y el Reglamento sobre Divulgación de Finanzas Sostenibles (la SFDR) buscan promover la transparencia y asegurar que los fondos se dirijan a inversiones verdaderamente sostenibles. Además, la introducción de nuevas normativas para las empresas como la Directiva sobre reporting de sostenibilidad (CSRD), mucho más exigente que su predecesora de información no financiera, y la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (CSDDD) aumentan las exigencias de transparencia e introducen la obligación de establecer objetivos específicos en planes de transición. Toda esta información, si bien significa un desafío de implementación relevante para las empresas, permitirá disponer de mucha más información no sólo sobre lo que están haciendo ahora sino sobre los objetivos a medio y largo plazo y detalle de cómo estos se van a alcanzar.
Desde el punto de vista supervisor, el greenwashing ha sido un foco de preocupación para las Autoridades Europeas de Supervisión (las ESA), quienes en los últimos dos años han intensificado su escrutinio para combatir este fenómeno. En mayo de 2023, las ESA definieron el greenwashing como “una práctica en la que las declaraciones, acciones o comunicaciones relacionadas con la sostenibilidad no reflejan de manera clara y justa el perfil de sostenibilidad subyacente de una entidad, un producto financiero o servicios financieros”.
Posteriormente, en junio de 2024, las tres autoridades supervisoras, la Autoridad Bancaria Europea (EBA), la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) y la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones (EIOPA) publicaron sus Informes Finales sobre el greenwashing en el sector financiero, respondiendo a una solicitud de la Comisión Europea para evaluar los riesgos de esta práctica y la supervisión de las políticas de finanzas sostenibles.
En estos Informes Finales evalúan las acciones de supervisión que se están llevando a cabo en sus respectivos sectores y presentan planes para mejorar la supervisión en este ámbito en los próximos años como son las Acciones Comunes de Supervisión para garantizar una supervisión coherente de las divulgaciones sobre sostenibilidad y la integración de riesgos en toda la UE, con el objetivo de combatir el greenwashing y examinar más eficazmente las afirmaciones realizadas en materia de sostenibilidad. Sin duda, avanzar en la armonización de enfoques y criterios debería aportar claridad sobre la inversión ASG.
A nivel nacional, la CNMV ha insistido en la importancia de prevenir el greenwashing para asegurar la integridad del mercado y es por ello que ha incluido esta prioridad en su Plan de Actividades 2023-2024 y trabaja en colaboración con otras autoridades supervisoras para combatirlo.
A nivel internacional, existen múltiples geografías que están aprobando regulación para luchar contra prácticas de greenwashing, como Canadá, Australia o Reino Unido, entre otras. Y es que la falta de confianza en la calidad y verificabilidad de la información puede resultar en un auténtico obstáculo para la canalización de la financiación pública y privada hacia proyectos sostenibles.