Innovation hubs y sandboxes como facilitadores de la innovación en el sector financiero

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Cedida por KPMG

TRIBUNA de Pilar Galán, directora en el área legal del sector financiero de KPMG Abogados.

El Plan de Acción Fintech publicado el 9 de marzo por la Comisión Europea pone de manifiesto que Europa tendrá todavía que esperar para disponer de un marco regulatorio claro en lo que se refiere a las fintech. Si bien las medidas recogidas constituyen una declaración de intenciones para apoyar e incentivar que los modelos de negocio innovadores alcancen escala europea y reforzar la ciberseguridad e integridad del sector financiero, no contemplan iniciativas regulatorias concretas salvo por la relativa a las plataformas de crowdfunding.

El término fintech irrumpió en nuestro vocabulario como consecuencia del fenómeno de la innovación en el sector financiero facilitada por la tecnología. Las nuevas tecnologías están cambiando la industria financiera pero, sobre todo, la manera en que los consumidores y las empresas acceden a los servicios, con el objetivo de mejorar la experiencia del cliente y de aumentar la eficiencia operativa y la competitividad. Las soluciones fintech aplicadas a la identificación digital, aplicaciones móviles, big data analytics, inteligencia artificial y blockchain, entre otras, están transformando de una manera vertiginosa la prestación de servicios de distribución de productos financieros, intermediación y gestión de inversiones.

No obstante, el fenómeno fintech plantea tanto oportunidades como desafíos para el cumplimiento regulatorio y la supervisión. Si bien las nuevas tecnologías tienen la capacidad de facilitar el cumplimiento y automatización de tareas como el reporting, también plantean nuevos retos relacionados principalmente con la ciberseguridad, la protección de datos, la protección al consumidor e inversor y la integridad de los mercados, tal y como señala el Plan de Acción Fintech publicado por la Comisión Europea.

Debemos tener en cuenta que, si bien los marcos normativos de reciente aplicación efectiva, como la revisión de la directiva sobre mercados de instrumentos financieros (MiFID II) o de la directiva de servicios de pago (PSD2), y los de inminente aplicación, como el reglamento europeo de protección de datos que entrará en vigor en mayo de 2018, tratan de considerar estas innovaciones tecnológicas, la velocidad de la innovación ha sido tal que han surgido nuevos riesgos que no habían sido contemplados como los derivados de la especulación en cripto-assets o de las fórmulas de financiación a través de Initial Coin Offerings (ICO). Se evidencia, en definitiva, la dificultad que tiene el regulador para seguir el ritmo de la innovación cuya velocidad y alcance impide prever cómo el sector financiero prestará los servicios y cómo será la relación con sus clientes en unos años. De ahí estriba precisamente la necesidad de la definición de un adecuado marco regulatorio y de supervisión, que debería lograr aunar la promoción de un entorno de innovación financiera para las entidades con la necesaria protección al inversor y consumidor y, por supuesto, con la garantía de la solidez e integridad de los mercados financieros.

Frente a países como Suiza que han optado por establecer un marco normativo concreto en ámbitos como el de las cryptomonedas, la publicación del Plan de Acción Fintech de la Comisión Europea, sin embargo, si bien señala distintas iniciativas orientadas a promover la digitalización del sector financiero, únicamente recoge la propuesta de Reglamento para el régimen de actuación transfronteriza de plataformas crowdfunding. No habrá por tanto en el corto plazo regulación a nivel europeo sobre algunos aspectos o actividades como las anteriormente mencionadas a pesar de tratarse de cuestiones sobre las que ya existe incertidumbre jurídica y pese a las numerosas advertencias que las autoridades europeas y nacionales vienen realizando en los últimos meses sobre sus riesgos asociados.

En este contexto, cobra especial importancia la iniciativa recogida en el mencionado Plan de Acción Fintech de promover facilitadores de modelos de negocio innovadores como son los denominados Innovation hubs y los regulatory sandboxes. Los Innovation hubs son foros o vías de comunicación habilitadas entre entidades (reguladas o no) y las autoridades competentes para guiar en la interpretación de la normativa aplicable con el objeto de clarificar la conformidad de modelos de negocio fintech con el marco regulatorio o con los requerimientos de licencia existentes. Por su parte, los sandbox constituyen marcos desregulados en los que testar las soluciones fintech con el soporte de una autoridad (pero también bajo su supervisión) sin licencia o necesidad de cumplir con todos los requisitos regulatorios durante un periodo limitado de tiempo.

En esta línea, la CNMV en su Plan de Actividades para 2018 recientemente publicado, sitúa el fintech como un área prioritaria, desarrollando líneas de acción para la comprensión y seguimiento de las nuevas tecnologías, destacando entre ellas la posibilidad de establecer marcos de pruebas regulatorios (sandbox) a nivel nacional o europeo o la creación de una subdirección de fintech y ciberseguridad destinada a promover iniciativas como el análisis de las posibles aplicaciones de blockchain en el mercado de valores, las posibilidades del regtech, o la publicación de regulación y supervisión en relación a las criptomonedas y las ICO.

Estos facilitadores, en ausencia de un marco regulatorio claro, que no parece previsible en el corto plazo, deberán resultar lo suficientemente flexibles y accesibles para lograr su objetivo último de fomentar y atraer la innovación, permitiendo al entorno fintech su desarrollo. En este sentido, resulta un referente la experiencia de países como Reino Unido cuya FCA lanzó una iniciativa de sandbox en noviembre de 2015 (que inició su andadura en junio de 2016 con la apertura a solicitudes y en la que el 90% de entidades que han completado las pruebas han lanzado sus productos a mercados más grandes). Los resultados muestran una reducción del tiempo y el coste de que ideas innovadoras lleguen al mercado así como la facilidad de acceder a financiación por la mayor certeza regulatoria existente para los potenciales inversores.