Durante los últimos años, las entidades han tenido que adaptarse a muchas novedades regulatorias. Buena parte de ellas tienen que ver con la sostenibilidad. Y todavía no se han acabado: en agosto entra en vigor la modificación de MiFID por la cual el test de idoneidad que se realiza a los clientes deberá incluir también preguntas sobre sus preferencias de sostenibilidad. Una adaptación que "ha generado mucha preocupación a las gestoras", según ha explicado Carlos Magán, socio de Afi, durante el evento Green MiFID/IDD: un nuevo reto para la industria de inversión, organizada por la consultora.
La modificación afecta tanto a la parte de distribución como a la gama de producto y en la forma de relacionarse con el cliente, ha apuntado el experto. Y en ese proceso comercial, "las entidades deben tener cuidado", ha aconsejado Magán. Será una decena de cuestiones "con un nivel de detalle relevante". Si nuestros clientes nos muestran que tienen esas preferencias, tendremos que poner a su disposición una gama que sea apta para ellos", ha apuntado al respecto.
Pero el camino es complejo hasta llegar hasta aquí, principalmente porque la vorágine regulatoria a la que tienen que hacer frente las entidades tiene aún muchas dudas encima de la mesa.
Marco normativo complejo
Al respecto, Úrsula García, socia de FinReg 360, ha alertado: "Las entidades van a tener que hacer al cliente unas preguntas con una terminología concreta. Y el cliente quizá no está preparado para responder en estos términos". Algo en lo que coincide plenamente con Elisa Ricón, directora general de Inverco, que ha apuntado: "Hasta ahora, se trataba de divulgar información. Y ahora, con la modificación de MiFID, en función de cómo se articulen esas preguntas al inversor podemos llegar a una respuesta que afecte a la venta de producto", ha advertido.
La industria se ha topado con "un marco normativo que cada vez se complica más y con mucha falta de información", ha asegurado Ricón. Por eso, ambas consideran que es necesario aclarar algunas cuestiones antes de seguir dando pasos, de cara a conseguir una homogeneidad en Europa. A esto se une un problema de calendario: MiFID entra en vigor en agosto, pero varias directrices no estarán disponibles hasta más adelante. Algo que han lamentado.
La directora de Inverco ha aprovechado también para pedir incentivos fiscales en estos productos: "Es importante que haya incentivos, establecer planes de ahorro en los que se fomente la inversión sostenible. Y que aquellas inversiones que se mantengan en esos vehículos tengan una serie de ventajas fiscales", ha reclamado. De esta manera, según Ricón, "conseguiremos no solo que el volumen de activos gestionado en fondos se transforme en activos sostenibles sino que también entre ahorro nuevo. Y haga la experiencia para las entidades un poco más amable".
La experiencia del sector
El tremendo esfuerzo que está haciendo la industria para afrontar todas estas adaptaciones es un secreto a voces en el mercado. Guillermo Hermida, responsable de sostenibilidad de Banca Privada de Caixabank, define la situación actual como una "nebulosa", tratando de intentar adecuar las partes legislativas y acercarlas a los clientes. "Hemos hecho un esfuerzo muy fuerte tanto en formación, tratando de hacer el lenguaje entendible, como en la integración de los criterios de sostenibilidad, sabiendo que no es la parte final del test", ha admitido.
Una postura similar a la de Ana Rivero, directora de sostenibilidad de Santander Wealth Management, que determina este proceso como de "enorme complejidad". En su opinión, "el problema es que no hay encaje de tiempos, ahora mismo el equilibrio del armazón se está haciendo voluntarista. Hay reglas definidas, pero no son suficientes", ha criticado. Por eso, cree que los impactos a nivel producto se verán en enero del año que viene.
En ello ambas entidades han desarrollado herramientas internas para determinar el grado de sostenibilidad de cada uno de los productos de la oferta, con el objetivo de adecuarlos a las necesidades de los clientes. En cualquier caso, Rivero cree que "hace falta comparabilidad real respecto a datos contrastables, justos y comparables en toda Europa".
