El Estado italiano se quedará con el 70% de Monte dei Paschi di Siena (MPS), pero el banco tendrá que presentar un nuevo plan de reestructuración al BCE. Es este, en pocas palabras, el resumen de un asunto que durante las vacaciones navideñas ha dejado en ascuas a Roma y Fráncfort.
El problemático rescate de Monte dei Paschi di Siena dominará las noticias financieras de 2017 y le costará al gobierno alrededor de 6.600 millones de euros: 4.600 millones servirían para cumplir con los requisitos de capital y alrededor de 2.000 millones para compensar a los acreedores minoristas. Y luego quedarían otros 2.200 millones de euros de gastos sufragados por los inversores institucionales, por un total de 8.800 millones de euros, conforme a lo solicitado por el BCE el día de la víspera de Navidad. Cifras, no definitivas, que procederán de los accionistas, obligacionistas subordinados y, por último, del Estado, que entrará de manera importante en el capital con una “recapitalización cautelar”.
Dada la delicadeza de la situación de MPS - que se produjo pocas semanas después de terminar su liquidez -, los múltiples aumentos de capital anteriores, quemados por el desplome de las acciones en la bolsa y las dos intervenciones anteriores del Tesoro en el capital -de tamaño inferior en comparación con las reales necesidades del banco-, el BCE ha estimado conveniente aplicar grandes márgenes de seguridad: ahora que está puesta en marcha la nacionalización del banco, la intención es que la intervención estatal sea decisiva y que, efectivamente, el Tesoro siga siendo accionista en un horizonte máximo de 18 a 24 meses.
Las operaciones, por lo tanto, son muy complejas y es probable que bonos y acciones permanecerán suspendidas de cotización durante unas cuantas semanas, por lo menos hasta marzo. “De acuerdo con nuestros cálculos preliminares, con un incremento de capital de 8.800 millones de euros, las nuevas acciones se emitirán a un precio de 17,4 euros y el número de títulos del banco aumentará de 29 a 527 millones", afirman los analistas de la firma también italiana Equita SIM.
La intervención sistémica puesta en marcha por el gobierno de Paolo Gentiloni asciende a un total de 20.000 millones y también incluye otras medidas técnicas – como las garantías sobre liquidez y las garantías sobre la titulización de créditos morosos - de las cuales también podrían beneficiarse otros bancos en apuros, que se enfrentan a planes de estabilización y de reducción de la morosidad. Encabezan la lista, por ejemplo, los dos bancos populares de Venecia (Popolare di Vicenza y Banca Veneto), que tienen que pasar primero por la aprobación del presupuesto de 2016, donde la nueva administración hará limpieza e incorporará las pérdidas de explotación del segundo semestre.
De todas formas, Giacomo Tilotta, gestor de AcomeA SGR, cree que el fondo para rescatar los bancos “va hacia el buen camino”. “Las dificultades del banco de Siena para realizar una ampliación de capital de 5.000 millones se han debido principalmente a la imposibilidad de encontrar a un inversor de referencia”, explica Tilotta. “El resultado de la LME (liability management exercise, es decir, la conversión voluntaria de los bonos convertibles), en cambio, se había ajustado a las expectativas", matiza.
"La aprobación del decreto ministerial que prevé la creación de un fondo de 20.000 millones de euros (al estilo del FROB) que será utilizado para las recapitalizaciones cautelares y para las garantías sobre la liquidez de los bancos que lo requerirán, es en nuestra opinión un elemento positivo (aunque no decisivo) que se mueve hacia la dirección correcta para ayudar a reducir el riesgo sistémico percibido hasta ahora”, añade Tilotta. Sin embargo, según el experto, estas medidas no son suficientes. “Está claro que si estas medidas fueran acompañadas de una recuperación de la rentabilidad del sector bancario, simultánea a una mejora del entorno económico y una resolución definitiva de la morosidad, la recuperación de la brecha de valoración de los bancos italianos en comparación con los europeos podría tener raíces sólidas".
Por el momento, Banca Imi ha puestoe bajo revisión la calificación crediticia de Monte dei Paschi “hasta que la situación no se vuelva más clara en términos de requisitos de capital y del plan de reestructuración”. Sin embargo, "una solución al problema de MPS sin impacto o consecuencias limitadas sobre los obligacionistas podría reducir el riesgo sistémico en el sector”.
Banca Imi también ha revisado la valoración sobre la deuda cubierta y la deuda sénior (prima buy) y los bonos subordinados (prima sell) del banco. En cuanto a los últimos, el banco cuenta con 4.200 millones, de los cuales casi 2.000 están en manos de pequeños inversores. Es por eso que el Tesoro italiano tendría que poner 6.500 millones: cubriría la diferencia entre 8.800 y 4.200 millones, es decir 4.600 millones. Luego detectaría las acciones resultantes de la conversión forzosa de la deuda subordinada minorista, poco menos de 2.000 millones, suponiendo que mientras tanto una parte haya pasado a los inversores institucionales. Así que, después de todo este asunto tan complejo, el Estado se quedaría con el 70% del banco.
Mientras tanto, sigue estando el problema de los préstamos morosos. La idea del consejero delegado del banco, Marco Morelli, era incrementar el capital en 5.000 millones gracias a la venta de casi 28.000 millones de mora en términos brutos, que eran sólo una parte del total de los créditos tóxicos, que ascienden a más de 45.000 millones. Ahora queda por ver si el fondo Atlante gestionará o no la operación junto con el Tesoro.