La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo (ECON) votó a finales de marzo el informe que contiene las enmiendas a la Retail Investment Strategy (RIS). Estas modificaciones, que introducen cambios respecto a la propuesta de la Comisión Europea, serán el punto de partida del Parlamento Europeo cuando comiencen las negociaciones.
En primer lugar, se elimina la propuesta de la Comisión Europea de prohibir los incentivos en la recepción y transmisión de órdenes (RTO). "A nuestro juicio, la propuesta del Parlamento no supondría en ningún caso un mantenimiento del status quo ya que, aunque finalmente se mantenga el cobro de incentivos en RTO, la Comisión Europea tendrá que desarrollar en detalle cuáles van a ser las obligaciones que permitan justificar su cobro, es decir, cuáles serán las nuevas medidas del aumento de la calidad de servicio", explica Maite Álvarez, abogada experta en Regulación Financiera del FinReg360, en el XXX Debate Legal FundsPeople.
De la misma manera que en el servicio de asesoramiento la propuesta de la RIS permite el cobro de incentivos, pero incluye el nuevo test del mejor interés del cliente, en el RTO se deberá establecer algo similar. "No obstante, aún tenemos que esperar para ver qué ocurre finalmente con los incentivos en estos servicios, puesto que la posición del Parlamento no tiene por qué coincidir con el texto que finalmente se acuerde en trílogos, si bien es cierto que existe mucha presión de la industria para que la prohibición no salga adelante", apunta Álvarez.
Propuestas alternativas y preocupaciones de la industria
"Otro escenario que contempla Bélgica es prohibir los incentivos en ventas no asesoradas solo respecto a productos complejos"
Miguel Sánchez Monjo (Cuatrecasas)
Hay otro posible escenario, el que contempla el informe de la Presidencia de Bélgica en el seno del Consejo, que es el de prohibir los incentivos en las ventas no asesoradas solo respecto a productos complejos. Para Miguel Sánchez Monjo, socio de Cuatrecasas, "si bien el propósito de esta medida sería evitar posibles conflictos de interés en la comercialización de productos complejos por el cobro de retrocesiones, parte de la inductria considera que esta medida estaría confundiendo complejidad con riesgo, lo que limitaría los productos que se pueden ofrecer y las posibilidades de los clientes para diversificar su cartera (por ejemplo, con productos estructurados, fondos no UCITS o derivados", comenta.
"Los trílogos son un proceso complejo y nos preocupa cómo se van a producir esos benchmarks"
Alfredo Oñoro (Cecabank)
El pleno del Parlamento ha autorizado a iniciar los trílogos (formados por la Comisión, el Parlamento y la presidencia del Consejo), es decir, grupos informales de trabajo que se crean para debatir esta propuesta legislativa y que buscan mejorar la eficiencia del procedimiento. Alfredo Oñoro, director de Cumplimiento Normativo de Cecabank, alerta de que es "un proceso complejo" y le preocupa "cómo se van a producir los benchmarks" en relación al value for money. Alude a las referencias con las que tendrían que medir sus productos las entidades financieras para que no presenten costes elevados en comparación con los beneficios que proporcionan al inversor. En ese sentido, Oñoro invita a las entidades a "esperar antes de llevar a cabo trabajos de implantación, dado que la incertidumbre es todavía elevada".
Adaptaciones futuras
También a Elisa Ricón, directora general de Inverco, le inquieta este tema. "El concepto value for money es la razón de ser de la gestión de activos, pero su implementación mediante benchmarks, aunque sea como herramientas de supervisión, es preocupante. No existe en ningún otro sector y provoca daños para la industria de fondos de inversión que, tanto en Europa como en España, está construyendo valor para los inversores al tiempo que reduce los costes". Añade que "tenemos un modelo que está dando muy buenos resultados y que fomenta la participación de minoristas. Hay que dejar que despliegue su potencial y no cambiarlo cada cinco años", asegura.
"La industria de fondos de inversión está construyendo valor para los inversores al tiempo que reduce los costes"
Elisa Ricón (Inverco)
Ricón cita como ejemplo los avances en materia de arquitectura abierta, los casi cuatro millones de clientes asesorados y los dos tercios de la distribución de IIC a través de servicios de Gestión Discrecional de Carteras (GDC) y asesoramiento. "No sabemos cómo quedará finalmente el texto, seguimos trabajando en explicar cómo funciona la industria y esperamos que las medidas que se adopten sean para fomentar a inversión de los minoristas", subraya.
El calendario, por tanto, es muy incierto. "Hay presiones internas para que se adopte en el Consejo una posición final antes de que entre la Presidencia húngara. No está claro, pero probablemente podríamos tener una posición final del Consejo para comenzar trílogos antes del 1 de julio", apunta María Tomillo, socia responsable del Departamento de Financial Services Regulation de Simmons & Simmons.
Calendario incierto
Si esto es así, la experta calcula que podríamos tener el texto de Nivel 1 a finales de 2025, que entraría en vigor a finales de 2026 o principios de 2027. Faltarían las normas de Nivel 2, que no entrarían hasta 2028. "Con lo cual las entidades están a la espera para poder implementar sus procedimientos e ir avanzando en la normativa. El calendario no está nada claro, sobre todo teniendo en cuenta que la postura sobre determinados aspectos está siendo controvertida (principalmente en lo relativo a incentivos y gobernanza de producto). Con este escenario, se prevé que más de un sprint va a ser una maratón", advierte.
"El sector debe empezar a prepararse para los desafíos que plantea la RIS en los modelos de distribución y en la cuenta de resultados"
Maite Álvarez (FinReg360)
Álvarez avisa de que "la industria debe empezar a prepararse para los grandes desafíos que plantea la RIS en los modelos de distribución de productos financieros y, por tanto, en la cuenta de resultados de las entidades".
Los expertos coinciden en que, una vez más, esto obligará a las entidades a realizar adaptaciones en el modelo de trabajo. "Las gestoras están curadas de espanto, ya que los cambios normativos han sido muchos en los últimos años y de gran envergadura. No es solo la RIS, sino también la regulación relacionada con la sostenibilidad, la resiliencia operativa, etc", recuerda Ricón. Los cambios a asumir dependerán del texto final. Oñoro alerta de que estas medidas "quizá no tengan el impacto que anticipamos y conlleven una mayor carga de trabajo (recursos humanos y materiales), lo que supondría que las grandes firmas serían capaces de soportarla porque tienen el músculo necesario, pero las pequeñas, en cambio, tendrían problemas".
"Si el texto final permite a los países adoptar ciertas medidas de un modo más o menos restrictivo provocará una falta de armonización e inseguridad jurídica"
María Tomillo (Simmons & Simmons)
Tomillo alerta de algo importante, ¿permitirá el texto final arbitrio a los países? En un entorno global en el que las entidades prestan servicios en todo el espacio, "si el texto final da libertad a los Estados miembros para poder adoptar ciertas medidas de un modo más o menos restrictivo, corremos el riesgo del arbitraje regulatorio, lo que provocaría falta de armonización e inseguridad jurídica", advierte la experta. Por tanto, "siempre y cuando sea un texto que convenga tanto a entidades como a clientes y facilite el negocio transfronterizo se espera que esté lo suficientemente claro como para que no haya incertidumbre con respecto a dónde y cómo se presta el servicio", explica.
