La iniciativa, que modifica la legislación vigente en materia de responsabilidad en la administración de Fondos de Pensiones, plantea que «toda pérdida irrogada al patrimonio de un fondo como consecuencia de una infracción o por una administración negligente del fondo, dará derecho a un afiliado o grupo de afiliados que representen, a lo menos, un 2% de los afiliados al Fondo respectivo, a demandar la indemnización de perjuicios a quien correspondiere, en nombre y beneficio del Fondo».
Según explican los autores de la iniciativa «tras el estallido del caso La Polar comprobamos que existen serios riesgos y malas prácticas en las AFP, quedando los afiliados en total desamparo, por lo tanto queremos aumentar la responsabilidad exigible a las Administradoras y de esta manera, tengan un mayor cuidado en el manejo de los fondos. La idea es que ante un descuido, infracción o negligencia estén obligados a responder».