Se cerró 2019, un año de transición, como lo definen los expertos asistentes a la XIII edición del Debate Legal FundsPeople. “Un año con un alto peso de normativa de años anteriores, en el que las entidades se han enfrentado principalmente a las interpretaciones del paquete normativo de MiFID II”, según Alfredo Oñoro, de Cecabank. “Un año tranquilo de BOE e intenso de inspecciones y supervisión de la CNMV y en el que el Sepblac ha tomado un protagonismo grande en banca privada”, añade Manuel López, de Ashurst. Para María Tomillo, de Simmons & Simmons, “la CNMV va un paso más allá de la pura supervisión, ha ayudado a través de guías y planes que facilitan la interpretación y ha manifestado en repetidas ocasiones su intención de atraer negocio a España”. Según Elisa Ricón, de Inverco, ha sido un año “con mucha consulta fiscal para clarificar el régimen de modelos de tributación que no estaban claros, con interpretaciones en diferentes normativas y a la espera de la transposición de normativa europea en IIC y pensiones”.
En 2019, la CNMV ha realizado una revisión horizontal de diferente normativa, como MiFID II, MiFIR o PRIPS. Úrsula García, de finReg360, explica esta supervisión horizontal de, por ejemplo, la información de costes y gastos porque el regulador está a la espera de los criterios definitivos de ESMA. La CNMV pregunta a las entidades para ir avanzando. “Como MiFID II es muy ambicioso y no tan claro en la información que se debe dar al cliente, el propio regulador aún no sabe qué quería exigir y existen muchas diferencias interpretativas. En un marco MiFID II con tanta norma de segundo nivel resulta llamativo que exista tanta diferencia interpretativa”, explica.
Retos para 2022
No obstante, los participantes en el debate reconocen que esta metodología de hacer supervisión horizontal para tener una idea de cómo están las entidades podría tener sentido, pero en la práctica tiene el problema de que depende del técnico que toca y del enfoque que adopta.
En este sentido, la AEB presentó en diciembre un escrito formal a la CNMV en el que señalaba que los criterios del departamento de supervisión de entidades de la CNMV se alejaban de la práctica europea en MiFID II y PRIPS. Esto provoca que entidades europeas tengan problemas al traer el producto a España, en temas como la valoración de producto o el contenido de los KIID. El método tampoco lo ven como el más adecuado, ya que, en lugar de publicar una guía, se hace a través de cartas privadas, donde no siempre coinciden los criterios.
En cualquier caso, creen que hasta que no existan criterios claros no tiene sentido el procedimiento sancionador, ya que el objetivo de la revisión horizontal era preventivo.
Para María Tomillo, en 2020 queda la transposición de diversas directivas. “Existe incertidumbre en cuanto a MiFID, abuso de mercado, papeles de ESMA; Directiva que modifica UCITS y AIFMD y que introduce novedades en la distribución transfronteriza de fondos, la Directiva V de AML”.
Alfredo Oñoro destaca también la Directiva de AML “en materia de criptoactivos (no criptodivisas) que debería dotar de certidumbre al mercado español. Si España tiene una buena regulación tendrá mucho ganado. Es una realidad que va a llegar. Es una forma de emisión a la que se debe dar un espacio que el legislador español debe cubrir. Se puede atraer inversión extranjera”. En este sentido, Úrsula García cree que Malta se ha posicionado bien, pero “es un país con poco peso. España tiene una oportunidad. La CNMV se ha implicado, definiendo criterios. Pero se necesitan cambios legales y una implicación por parte del Gobierno. Se debe evitar que suceda igual que cuando se paró la propuesta de norma de sandbox”.
Desde el punto de vista político, Manuel López recuerda que toca cambio de presidente de la CNMV en otoño. “Hay expectación en la industria sobre las decisiones del nuevo Gobierno. La anterior propuesta de Unidas Podemos incluía un superregulador y la eliminación de la CNMV. No sabemos qué va a hacer el nuevo gobierno con las sicav, socimi, fondos de pensiones... El mercado está a la expectativa”, reconoce. Elisa Ricón recuerda que “tener una base de ahorro doméstico es muy importante para la economía, presente y futura, aunque en el contenido de los programas electorales de PSOE y Unidas Podemos no hay medidas de fomento”.
Brexit
María Tomillo cree que después de las elecciones de diciembre en Reino Unido “empieza otro capítulo, que puede vislumbrar cierta certidumbre. Que se marcha Reino Unido está claro, como también lo está que el impacto en la industria española será significativo, como en el resto de los países vecinos. El sector ha trabajado mucho. Llevamos tres años y medio inmersos en planes de reestructuración de entidades y diseño de planes de contingencia que han traído consigo importantes costes para las entidades. No va a ser fácil rentabilizar dichos costes y nos esperan aún meses de intensa actividad y expectación, con el ingrediente añadido de la dificultad que supone marcar una nueva hoja de ruta sin tener reglas de juego plenamente definidas ”.
Manuel López destaca los cambios: “En 2019 se ha trabajado con el escenario de Brexit sin acuerdo. Las entidades gastaron mucho dinero y esfuerzo inútilmente. El Brexit 2020 es con acuerdo en el que no se sabe qué va a pasar. El de 2019 era un Brexit sin acuerdo que ya te daba un escenario de Reino Unido como país tercero; ahora no tenemos claro el escenario y traerá más costes. Esperemos que el periodo transitorio sea amplio”.
El Brexit también tiene otros efectos. Se pierde la experiencia de la City. “Ahora pesa más la opinión de Holanda y Alemania, que tienen modelos menos anglosajones y más continentales”, reconoce López.
Para Alfredo Oñoro, “el modelo impuesto por la normativa actual es diferente al tradicional de los países continentales debido a temas culturales. Surge la oportunidad de crear un verdadero modelo continental, más adaptado al cliente europeo y español, aunque va a ser complicado cambiar algunos aspectos. En todo caso se está reclamando que se simplifiquen las cosas”.
Para Elisa Ricón, no tiene sentido que países que representan el 15% de la población (Reino Unido y Holanda) hayan condicionado el modelo de todo el mercado europeo. Es una anomalía. Pero también cree que es una pena que jugadores con experiencia se retiren. Sobre la revisión de MiFID II cree que en 2020 comenzarán a publicar textos de esta revisión y también de las Directivas de AIFM y UCITS. “Una revisión global de MiFID II tardará años. En 2020 se harán retoques”, reconoce Úrsula García.
La legislación ASG será otro de los protagonistas de 2020, ya que queda mucha normativa que se va a aprobar y existe una voluntad política clara a nivel europeo. También a nivel nacional, donde Alfredo Oñoro señala que ya existen compromisos de las entidades en el marco de sus asociaciones (AEB, Cecabank, Inverco, UNACC y Unespa, adherido a la Red de Centros de Finanzas sostenibles de Naciones Unidas), como la creación del Centro de Finanzas Responsables y Sostenibles en España (Finresp).
Acuerdo en la COP25
También se refiere al acuerdo de los principales bancos españoles presentado en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) celebrada en Madrid, por el que han asumido un compromiso conjunto para proceder en un plazo determinado a reducir la huella de carbono en sus carteras de crédito, de una forma susceptible de ser medida con criterios homologados internacionalmente y en línea con los objetivos del Acuerdo de París. “Hay un compromiso, pero se necesitan medidas normativas claras”.
En este sentido, Elisa Ricón pide prudencia: “El marco regulador es muy ambiguo, aún no existen metodologías prácticas de general aceptación y se corre el peligro de demonizar entidades”. Recuerda que ESMA publicó un interesante documento en el que distingue entre, por una parte la incorporación de factores ASG en la calificaciones crediticias de los emisores (emitidas de acuerdo a metodologías públicas por proveedores registrados y regulados), y por otra parte la proliferación de calificaciones de sostenibilidad, que miden el desempeño ASG de las compañías y para las que la creciente oferta y demanda lleva a ESMA a proponer la conveniencia de un marco regulatorio que dote de las necesarias garantías.
Para Úrsula García, “hay que homogeneizar los criterios sostenibles. La norma en taxonomía debe ser lo suficientemente clara. No se debe discriminar a sectores e impedirles que se financien. Se debe canalizar la normativa para que empresas que son más contaminantes lo sean menos”.
Y, por último, un deseo para 2020. “Que se cuide el ahorro y la inversión”, reconoce Ricón.
