MiFID II también supone un big bang para los gestores de fondos. Después de que la primera parte de la normativa se centrase más en acabar con el monopolio de las bolsas oficiales centrándose en incrementar la competencia de mercado y en busca de la mejora de la ejecución de las órdenes bursátiles, la segunda parte se focalizará en que los gestores de fondos demuestren que cumplen con el principio de mejor ejecución.
Para ello, tal y como ha explicado Javier Domínguez, socio director de Auriga Global Investors, a partir de enero de 2018 se tendrá que realizar un reporte oficial y público para los clientes que indique las cinco mejores plataformas de contratación utilizadas el año previo para cada instrumento.
La aplicación de este requerimiento impactará de forma directa y muy profunda en toda la industria de inversión, con especial incidencia en mercados y sistemas de contratación, empresas cotizas, intermediarios (agencias y sociedades de valores) y gestores de fondos y carteras, banqueros privados, family offices, etc.
En cuanto a los gestores de fondos e intermediarios, el cumplimiento de la exigencia de mejor ejecución a partir de 2018 supondrá introducir siete cambios de gran calado. Aunque, para Domínguez, el más importante será la separación de los pagos por análisis de la ejecución de las transacciones de compra/venta, conocido como unbundling.
Con este punto, destaca Domínguez, se viene a buscar la transparencia absoluta. Actualmente una gestora elige a su intermediario por la matriz de méritos, en donde por el precio de uno, habitualmente, el gestor recibe un servicio de research y ejecuta la operación. Sin embargo, resalta Domínguez que, de esta manera, no se garantiza la mejor ejecución. Por tanto, desde MiFID II se exige que se valore por un lado la calidad del análisis y por otro la calidad de ejecución.
Además del aspecto anterior, hay otros seis cambios que introducirá el principio de mejor ejecución. En primer lugar el intermediario tendrá que ser capaz de poder realizar la ejecución de un mismo valor en distintas plataformas. Asimismo, contar con la tecnología para elegir en tiempo real la mejor cotización.
Por otro lado, como se comentaba al principio, se deberá crear una base de datos para cumplir con el reporting exigido por la normativa europea, es decir, el detalle de cada orden y su eventual fragmentación. Esta base deberá ser auditable y accesible, apuntan, “a efectos de poder generar el informe anual exigido por MiFID II en el que se deben identificar los cinco mejores sistemas de contratación utilizados para cada instrumento financiero”.
Por último, se tendrá que asegurar la sincronización de relojes de todas las plataformas, la transparencia para cada orden ejecutada (entregar una única boleta al cliente con el precio medio de la ejecución, aunque dicha ejecución esté fragmentada en varias plataformas para su contratación) y garantizar la liquidación de todas las operaciones en múltiples plataformas.
Fragmentación
En cuanto a los mercados, el principio de mejor ejecución acrecentará la tendencia a la fragmentación. “Los mercados oficiales en Europa han perdido más del 40% de la contratación de los valores de sus países. El resto se negocia en plataformas alternativas”, destacan. En España, añaden, no se había incrementado la fragmentación hasta este año, con la reforma del sistema de liquidación en abril y la introducción de una Cámara de Contrapartida Central (BME Clearing).
Auriga Best Execution
Apenas queda un año para hacer frente a la fragmentación de los mercados y cumplir con estas exigencias de mejor ejecución. Por tanto, subraya Domínguez, que aquellos intermediarios que no dispongan de la herramienta quedarán fuera del mercado y aquellos gestores que no contraten al intermediario que le garantice la mejor ejecución en un mercado fragmentado, estarán incumpliendo con MiFID II.
En este sentido, Auriga tiene preparada ya una solución como intermediario denominada Auriga Best Execution (Smart Order Router) que cumple con todas los requerimientos y se anticipa a MiFID II un año antes de su llegada. “Una solución integral”, indican, que incluso mejora el precio de ejecución obtenido. Un factor muy importante ya que, “un ahorro en la ejecución puede permitir que se contrate un servicio de research”. En este sentido, Domínguez puntualiza que es muy probable que el research, como servicio de consultoría, esté sujeto a IVA, algo que podría encarecer su coste.
