El 2 de agosto entró en vigor la modificación de MiFID II que obligaba a las entidades a preguntar en los test de idoneidad que realizan a sus clientes sobre sus preferencias de sostenibilidad. Sin embargo, no fue hasta un mes más tarde, en septiembre, cuando ESMA publicó las directrices finales de cómo incluir esos criterios en los test, dando de plazo seis meses, hasta marzo de 2023, para que las entidades puedan implementarlas en sus test de idoneidad.
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