Está siendo un año especialmente intenso desde el punto de vista normativo, y eso a pesar de las dificultades sobrevenidas por el COVID-19. Así lo reconocen los participantes de la XVI edición del Debate Legal FundsPeople, en el que se ha comentado, entre otras cuestiones, la revisión de la Directiva de gestión de fondos alternativos.
En junio, la Comisión Europea inició el proceso de revisión de esta Directiva, más conocida por sus siglas en inglés, AIFMD. Su informe con la evaluación y el efecto de la Directiva 2011/61/UE hace especial hincapié en una cuestión: el régimen de comercialización bajo la Directiva, al considerar que la eficacia del pasaporte se ve menoscabada por las divergencias en las normas nacionales de transposición de esta regulación, las distintas interpretaciones de la misma y su limitado alcance.
En relación a la posible unificación de conceptos transfronterizos, Berta Satrústegui, de Simmons & Simmons, cree que “unificar el régimen de comercialización y precomercialización de UCITS y fondos alternativos simplificaría tanto la labor de las entidades como la actividad supervisora, lo cual aunaría en un beneficio final para el inversor, ya que ahora hay bastante disparidad en estos conceptos y en la supervisión de la venta de productos en el marco comunitario”.
Una opinión que comparte con Ricardo Plasencia, de DLA Piper. Desde su visión de la industria extranjera al asesorar a muchos clientes internacionales, confiesa que se encuentran “con dificultades en el régimen de comercialización de fondos alternativos extranjeros a inversores no profesionales así como fondos extranjeros no UE a inversores profesionales en España” y que “hay muchas mejoras por delante”.
Por otro lado, el informe de la Comisión Europea sobre la evaluación de la Directiva 2011/61/UE señala que la ausencia de un régimen de pasaporte para los depositarios limita la oferta de las entidades que pueden actuar como tales y, en algunos mercados, puede suponer un riesgo de concentración. A juicio de Alfredo Oñoro, de Cecabank, el pasaporte de los custodios “no es un aspecto que deba tratarse en el ámbito de la revisión de esta Directiva, pues debería hacerse previamente, en su caso, en el ámbito de UCITS”.
En este sentido, cree que “la ausencia del pasaporte se debe, principalmente, a una opción regulatoria por un concreto modelo de vigilancia, en el que se considera mejor opción, por un tema de cercanía que facilita su labor, que los depositarios estén domiciliados en el mismo país de origen de los fondos”. En su opinión, “la revisión debería incidir en la necesidad de contar con depositarios independientes, que no pertenezcan al mismo grupo de la gestora, especializados y que permitan economías de escala que beneficien a los partícipes en términos de profesionalización y de costes”.
En general, los expertos coinciden en que cada vez más la banca privada está apostando por los alternativos y eso intranquiliza al regulador. “Empieza a haber una preocupación por los riesgos sistémicos. Por un lado, por el apalancamiento, y por otro, porque cada vez hay más fuentes alternativas diferentes a las bancarias, lo que nos sitúa en una realidad que difiere bastante de la que había en 2011, cuando se aprobó la Directiva”, opina Julio Veloso, de Broseta.
Y es que cuando se aprobó “se hizo pensando en hedge fund como fondo altamente apalancado y la realidad ha demostrado que, dentro de los fondos alternativos, su cuota es muy pequeña”, explica Elisa Ricón, de Inverco.
La experta comenta que desde el grupo europeo de Efama consideran que la preocupación por el riesgo sistémico “deriva de la falta de conocimiento que tienen algunos supervisores sobre qué hay detrás de esos fondos, porque la Directiva contenía un estado de reporte de utilidad muy cuestionable al que en algunos casos se añade el sistema de información de algunos países”, sugiere Ricón, que opina que “España tiene un sistema de reporte exhaustivo que ha permitido a nuestro supervisor cuantificar el riesgo que representan los fondos españoles, que es muy limitado, pero esto no ocurre en todos los países. Por eso es uno de los aspectos que se va a abordar”.
ASG
Sin duda, otro de los temas que más ha centrado la atención ha sido la ASG. En este ámbito, la Comisión Europea tiene un plan “ambicioso”, asegura Ricón. Y recuerda que en marzo de 2021 empiezan las primeras obligaciones. En su opinión, hay que dar un mensaje claro a las entidades: “Tienen que tomar decisiones ya en materia de sostenibilidad, en dos aspectos. Por un lado, hay un suelo regulatorio que deben cumplir porque hay obligaciones que entran en vigor en marzo; y por otro, tienen que decidir dónde quieren estar, su estrategia y orientación de producto”, sugiere. En ese sentido, Inverco está trabajando en una guía para las gestoras con el objetivo de definir ese marco normativo, con claridad y seguridad jurídica para las entidades.
En definitiva, los expertos coinciden en que no se trata ya de tener productos específicos sino que la norma obliga transversalmente a todas las entidades a ser socialmente responsables y esto, al final, traerá mucha carga para las entidades pequeñas. “Los costes de cumplir con todo esto van a ser insostenibles para algunas entidades”, avisa Veloso. Por este motivo, Oñoro aconseja que “las entidades revisen, lo antes posible, sus normas y procedimientos internos para ajustarlos a las normas de nivel uno (suelo regulatorio). Con ello ya estarían cumpliendo en marzo y podrán realizar, posteriormente, los ajustes necesarios”.
