La normativa comunitaria sigue avanzando hacia la creación de un mercado común de fondos de inversión. Pero le queda un escollo por resolver: la regulación del pasaporte de las gestoras. En otras palabras, la capacidad de una entidad de un estado miembro de gestionar sus fondos en otro país de la Unión.
La cuestión contaba con la oposición manifiesta de Irlanda y Luxemburgo. Hasta ahora muchas gestoras han optado por registrar sus fondos en estos países, ya que se caracterizan por sus notables ventajas fiscales y regulatorias. Pero también se veían obligadas a registrar allí una sociedad gestora, puesto que la directiva comunitaria no permitía a una entidad de un estado miembro gestionar sus fondos desde otro.
Ésta y otras dificultades técnicas imposibilitaron la inclusión del pasaporte de las gestoras en el proyecto de directiva UCITS IV. Sin embargo, la Comisión Europea quiso darle una nueva oportunidad al proyecto y solicitó una consulta al comité europeo de supervisores del mercado de valores, CESR por sus siglas en inglés.
CESR ha hecho público estos días su dictamen, en el que da luz verde a la gestión transfronteriza de fondos señalando las medidas necesarias para que el inversor de cada país vea protegidos sus derechos. El problema es que el dictamen de CSAR no ha sido aprobado por unanimidad. Han votado en contra los supervisores de Luxemburgo e Irlanda y, además, los de Polonia, Eslovaquia y Eslovenia.
“Ahora habrá que ver si la oposición de estos países supone un freno decisivo para la directiva”, explica Jorge Canta, abogado de Cuatrecasas. En todo caso, este experto no cree probable, que el pasaporte de las gestoras se incluya en el proyecto de directiva UCITS IV. “Este tema se regularía en una directiva propia. UCITS IV está demasiado avanzado. Intentar introducir en el texto la cuestión del pasaporte de las gestoras no haría más que retrasarlo”, explica.