CNMV, normalidad excepcional

XIV edición Debate Legal FundsPeople
Elisa Ricón (Inverco), Alfredo Oñoro (Cecabank), Pilar Lluesma (Uría Menéndez), Salvador Ruiz Bachs (Allen&Overy) y María Gracia Rubio de Casas (Rubio de Casas Abogados).

"La CNMV, un 10. Reaccionó rápido y ha sido flexible". Así resumen los participantes de la XIV edición del Debate Legal FundsPeople la labor del supervisor tras el estallido del COVID-19. Pilar Lluesma, de Uría Menéndez, lo define como “una normalidad dentro de la excepcionalidad. La CNMV ha funcionado muy bien, con accesibilidad ante cualquier cuestión que se ha producido”. Una buena valoración que, como reconoce Elisa Ricón, de Inverco, no se repite en los supervisores de todos los países europeos. “La CNMV ha sido muy ágil, sus medidas llegaron antes que las de ESMA. Se puso en contacto individualmente con cada gestora para ver cómo estaban. Esto le dio una visión completa del sector”, añade.

En blanqueo, “el Sepblac dejó claro que si existían problemas para cumplir determinados plazos, las autoridades serían comprensivas. EBA pidió que se aumentaran las medidas de diligencia en operativas de riesgo”, explica Alfredo Oñoro, de Cecabank.

Los expertos también valoran positivamente la reacción de las entidades. Es un sector con alto uso de la tecnología, lo que permitió implantar rápido los planes de contingencia. “Las gestoras tenían planes de contingencia. En Inverco, había un grupo de trabajo de gestión de liquidez desde hacía meses”, destaca Ricón. Para Oñoro, la banca debe ser una palanca para salir de esta crisis.

¿Y los clientes? “Su respuesta ha sido muy buena, con reembolsos de poco más del 2%, muy lejos del 25% de la crisis de 2008”, destaca Ricón. No obstante, María Gracia Rubio, de Rubio de Casas Abogados, reconoce que “Suiza y Luxemburgo vuelven a tener interés. Los clientes preguntan si pueden trasladar depósitos fuera”, tras alguna declaración de miembros del Gobierno.

Informe de gastos

El 30 de marzo era la fecha límite para presentar los informes de comisiones y gastos a los clientes y hay entidades que no llegaron a la fecha. Para Salvador Ruiz Bachs, de Allen&Overy, “la suspensión de plazos administrativos no afecta a las obligaciones de información al cliente. Pero la causa de fuerza mayor sí puede ser motivo de retraso”. Una posición que refrendan desde Inverco. “La asociación consultó sobre otras obligaciones de información al cliente y la CNMV reconoció que las circunstancias actuales pueden generar retrasos, pero será necesario explicar las razones concretas que llevaron a no cumplir los plazos”, explica Ricón. “No debemos olvidar que los recientes plazos son recomendaciones recogidas en un documento de preguntas y respuestas de la CNMV. Por ello, esperamos que la CNMV sea flexible y es probable que la propia ESMA también se pronuncie al respecto”, recuerda Alfredo Oñoro.

Esta utilización de documentos de preguntas y respuesta por la CNMV para realizar cambios normativos fue un aspecto criticado por los expertos. “La CNMV no estuvo acertada al ampliar la prohibición de posiciones cortas netas a la negociación OTC de índices sin una composición mayoritaria de acciones españolas a través de un documento de preguntas y respuestas. Hay que ser más mesurado. No puede hacerse uno mismo la pregunta y que la respuesta suponga un cambio en la prohibición”, dice Ruiz Bachs.

Otro tema fue el anuncio de la vicepresidenta de la CNMV de abrir los fondos alternativos a minoristas (inversiones desde 10.000 euros para clientes con patrimonio financiero de 500.000). Pilar Lluesma recuerda que la CNMV era reacia al premarketing en alternativos, lo que es un cambio, y cree que es “una buena noticia para la banca privada, que le permite ampliar los instrumentos financieros a clientes no tan sofisticados”. Maria Gracia Rubio señala que, en un entorno de tipos de interés negativos, para las bancas privadas es importante disponer, en su panoplia de activos que ofrecer a los inversores, de un activo que pueda ofrecer una expectativa de mayor rentabilidad, midiendo los riesgos con cautela.

“A la CNMV y al Tesoro les gusta el planteamiento. Pero hay que ver si a nivel internacional encaja”, explica Ricón, que reconoce que hay que organizar y flexibilizar la venta cross border. En este sentido, Salvador Ruiz Bachs considera que “el premarketing se resuelve con la transposición de la Directiva, pero la venta al minorista va más allá y, si se abre esta posibilidad, se deberá dar el mismo trato a los productos alternativos internacionales de inversores españoles”. En la consulta abierta por Economía sobre la comercialización transfronteriza de fondos, que terminó el 17 de marzo, Inverco pidió que se incluyera en la normativa cross border esta posibilidad de inversión en alternativos para minoristas, además de otros temas, como la propuesta de regulación del préstamo de valores o la eliminación del número mínimo de inversores, que no existen en otros países europeos.

Incentivos

En relación al informe de asesoramiento técnico de ESMA para la Comisión Europea en materia de incentivos económicos e información a inversores sobre costes y gastos, “la principal novedad es que se concreta la posibilidad de llegar a acuerdos con las contrapartidas y profesionales al delimitar qué información de costes y gastos quieren recibir”, explica Oñoro. “El informe me deja un sabor agridulce”, dice Salvador Ruiz Bachs: “es bueno al no impedir los incentivos, pero no recoge la clase intermedia y el camino que le deja al sector retail es un aumento de los requisitos de información, obliga a informar por ISIN, a justificar la mejora del servicio para permitirte cobrar los incentivos”. Pilar Lluesma critica que “España solo considere mejora del servicio los tres supuestos iniciales de la Directiva Delegada MiFID II. Es una rémora para los grupos internacionales en España, con sistemas de incentivos más amplios en otros países que no se pueden ofrecer en España. Nos deja en una situación de desventaja”. Elisa Ricón recuerda que ESMA ha pedido a la Comisión una evaluación de impacto de la prohibición de incentivos en países como Holanda o el Reino Unido y las medidas que se tendrían que aplicar para eliminar las consecuencias no deseadas de dicha prohibición. En opinión de María Gracia Rubio, con la configuración actual de la Comisión vamos a un modelo de prohibición de incentivos. “ESMA busca que el cliente pague al asesor. Pero para ello, quizás se tenga que ayudar a facilitar el pago, como con el tema del IVA del asesoramiento”.

Ante la cuestión de si la crisis traerá más carga regulatoria, los asistentes creen que los políticos se centrarán en la sanidad y la economía real. Y en el campo financiero es el momento de afinar con directrices de ESMA y la CNMV.