Con tan sólo cinco meses en funcionamiento, la administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) está a punto de colapsar debido a los múltiples problemas administrativos y operativos por los que atraviesa, tal y cómo lo reveló el diario El Tiempo.
Creada con el objetivo de ofrecer un servicio eficiente que asegure la sostenibilidad del Régimen de Prima Media, -manejada hasta entonces por el Seguro Social-, la nueva operadora de pensiones del Estado admite que es incapaz de atender las peticiones en materia pensional que están rezagadas, y que encuentra dificultades para dar salida a las 14.000 solicitudes que recibe cada mes.
La firma ha lanzado un claro SOS a la Corte Constitucional. Busca que le declaren un ‘estado de cosas inconstitucional’. Se trata de un amparo que reconoce una situación generalizada de violaciones de derechos fundamentales y que, de ser admitida, suspendería el cumplimiento de las tutelas e incidentes de desacato. Además, le daría un año a la entidad para ejecutar un plan de choque.
En su solicitud, Colpensiones culpa de esta situación a los problemas estructurales del Seguro Social, ente que le trasladó dos millones de cotizantes, seis millones de afiliados y un millón de pensionados, cuyas mesadas valen 17 billones de pesos al año. Y se queja de que éste no cumplió con la entrega de datos.
La Procuraduría, por su parte, dice que la ineficiencia de Colpensiones no cuadra con la inversión que ha recibido. Antes de su apertura, ya se le habían inyectado más de 167.000 millones y su presupuesto es de 337.000 millones al año. “Está hecha un caos administrativo y hay problemas en los centros de atención. No estaba lista para asumir el tema pensional y se lo advertimos. Hay 3.600 quejas por pérdida de historias laborales”, dijo la delegada para asuntos de Trabajo y Seguridad Social, Diana Ojeda.
Por su parte, el presidente de Colpensiones, Pedro Nel Ospina, rehúsa calificar como crisis el estado de la entidad, aunque acepta que necesita ayuda. “Sería crisis si uno estuviera descabezado sin saber qué hacer”. Y añade que no es cierto que no estaban listos para empezar en octubre del año pasado. Para él, el problema está en que heredaron miles de trámites rezagados y con términos vencidos del ISS. “Si me dan las herramientas somos capaces de ponernos al día en 12 meses (...) Hubiera dicho que contratáramos más gente, pero tenía que trabajar con lo que me dieron, porque no estoy gastando un peso más de lo que gastaba el Seguro”, afirma.
Sobre el plan de choque que le propuso a la Corte, Ospina dijo que consiste en evacuar expedientes por prioridad, y lo primero son los trámites de pensiones por invalidez, y luego de sobrevivientes.
