En materia de sostenibilidad, avanza Ferrer, “existe una regulación extensiva y está todo más regulado de lo que se lee y se escucha”. El primer bloque normativo, la divulgación de información, cuyo nivel 1 entra en vigor en marzo de 2021, supone realizar muchas medidas sin conocer aún el detalle del nivel 2. “Se tiene que hacer una reflexión muy profunda para construir la política de integración y explicar cómo se integran los riesgos de sostenibilidad en los procesos de toma de decisión y asesoramiento”, contextualiza Ferrer.
Por otro lado, el primer trimestre de 2022 se modificará MiFID II para preguntar específicamente a los clientes por su apetencia por la sostenibilidad. Una decisión que supone reestructurar las carteras de clientes y adecuar la oferta de producto. “El fin y la finalidad es buena, pero los efectos a corto plazo serán una gran carga de trabajo y costes para las entidades ”, considera García Pedroviejo, quien cree que la forma y plazos igual no son los adecuados.
A Oñoro le preocupa, a corto plazo, todo el gobierno interno (políticas y procedimientos) que se tienen que adaptar en poco espacio de tiempo. A largo plazo, tanto el gobierno de producto como la supervisión a posteriori de la política autoimpuesta por la entidad y la asignación de producto final al cliente. Por otro lado, Esquivias piensa que se están tramitando a la vez muchas iniciativas normativas europeas en materia de sostenibilidad poco coordinadas entre sí y con unos calendarios muy ambiciosos que hacen todavía más difícil el poder adaptarse a estas normativas. Desde su parecer, será difícil que entidades medianas y pequeñas tengan la capacidad y los recursos para adaptarse a todas las novedades.