En cuestión de semanas Europa dará un paso más en la Taxonomía verde. Este próximo 10 de marzo entra en vigor el Reglamento 2019/2088, que rige la normativa de divulgación de información sostenible. Es decir, las gestoras deberán comunicar en qué medida están integrados en su proceso de inversión, toma de decisiones y asesoramiento el análisis de riesgos ASG. La estandarización de la información que se comunica es una de las grandes tareas pendientes de la industria, pero pasar de la teoría a la práctica está demostrando ser más complejo de lo esperado.
Para que una actividad económica se califique como medioambientalmente sostenible para propósitos de inversión debe cumplir con tres requisitos:
1. Contribuir a al menos uno de los seis objetivos de medioambiente definidos en la Regulación. Los dos grandes objetivos medioambientales de la Taxonomía verde son mitigar y adaptar el cambio climático. A pesar de que Europa ha planteado otros cuatro factores, estos dos son los que se reflejan en el texto de la regulación.
2. No hacer un daño significativo en cualquiera de los otros objetivos medioambientales citados. Lo que se define en la normativa como DNSH: do no significant harm. Por ejemplo, que no por mitigar la polución se puede causar un daño significativo a los recursos marines.
3. Cumplir con unos límites sociales mínimos.
Y aquí es donde surge el gran reto: la transparencia en los datos. Muy pocas compañías están siendo capaces de proporcionar la información sobre factores de sostenibilidad. Ya sea por falta de transparencia o por capacidad. El problema es que esos datos van a ser determinantes en la asignación de capital futura. Es lo que va a marcar la demanda por determinados valores. Y es algo que, por mera capacidad, afecta más a pequeñas y medianas compañías que a las grandes multinacionales.
“Las empresas han tenido problemas para determinar qué es lo verdaderamente importante de comunicar de toda la inmensa cantidad de información sobre sostenibilidad disponible”, explica Susana Peñarrubia, responsable de integración ASG para DWS. Ahora ha quedado claro que la prioridad es explicar cómo se está cumpliendo con los criterios de la taxonomía y en qué grado del negocio.
“Es mucho esfuerzo y no hay mucho tiempo”, recalca Peñarrubia. Y no solo se refiere al trabajo de las cotizadas. Las gestoras también vigilan la cuenta atrás para la entrada en vigor de la normativa de divulgación. Y el 10 de marzo solo es la apertura de puertas. Peñarrubia calcula que para 2022-2023 las gestoras tendrán que comenzar a dar información agregada sobre su adhesión a la Taxonomía. Y no le extrañaría que en el medio plazo el requisito se convierta en la obligación de proporcionar información desagregada fondo por fondo del porcentaje de adherencia a la Taxonomía.
