Esa obligación, contemplada en la modificación de MiFIDII entra ahora en vigor en agosto de 2022. Se pide que se aplace hasta enero de 2023.
La asociación EFPA Europa solicitará a la Comisión Europea un aplazamiento de la normativa que obliga a los profesionales del asesoramiento a preguntar a sus clientes sobre sus preferencias de sostenibilidad. En concreto, lo que solicitan es que coincida con la puesta en marcha de las normas técnicas reglamentarias (RTS), sobre informes de sostenibilidad corporativa, que ha sido aplazada hasta enero de 2023.
En la actualidad la entrada en vigor de dicha normativa que establece que los asesores pregunten a sus clientes sobre sostenibilidad en los test de idoneidad está prevista para el 2 de agosto de 2022, conforme a una modificación de la normativa comunitaria MiFID II, pero la Comisión Europea ha anunciado el retraso de la entrada en vigor de las normas técnicas reglamentarias (RTS) sobre informes de sostenibilidad corporativa hasta enero de 2023.
El objetivo, evitar que los asesores recomienden sin tener todas las herramientas
Es por ello que la asociación considera que debe aplazarse, al menos medio año para evitar así la brecha temporal en la que los profesionales tendrán el deber de consultar y asesorar en materia de inversiones sostenibles, sin que haya entrado en vigor la RTS que incluye los estándares que habrá que considerar.
La razón es que hasta 2023 los asesores no tendrán acceso a esa base de datos vinculante, con respecto al cumplimiento de una empresa del mercado de capitales con los estándares ESG, pese a que ya serán responsable ante sus clientes por sus consejos en este ámbito.
Es por ello que la asociación, en unión con la Federación Europea de Asesores e Intermediarios Financieros (FECIF), defenderá esta postura ante el Parlamento Europeo y la Comisión Europea. "Estamos a favor de que se tenga en cuenta la cuestión de la sostenibilidad en el proceso de consulta", explica Josep Soler, consejero EFPA Europa y delegado ejecutivo de EFPA España. Sin embargo, incide en que "nos preocupa mucho que, a partir del 2 de agosto de 2022, pueda surgir un problema de responabilidad considerable para las empresas y los profesionales del asesoramiento, si no existe una base de datos vinculante que homogeneice los estándares de sostenibilidad, los profesionales tendrán complicado ofrecer recomendaciones en este ámbito”.
