El Gobierno necesita captar como sea a los grandes inversores, principalmente internacionales, para formar parte del banco malo y para ello les dará todas las ventajas que sean necesarias para hacer atractiva la inversión. De momento, la idea es reducir a la mínima expresión la carga impositiva por su participación en los Fondos de Activos Bancarios (FAB), en los que se empaquetarán los distintos tipos de inmuebles que integrarán la sociedad global, denominada Sareb.
Según las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular al Real Decreto de Reestructuración y Resolución de Entidades de Crédito, aprobado el pasado 31 de agosto, los inversores que participen en esta sociedad y en los fondos que ésta constituya tributarán como una Institución de Inversión Colectiva. Eso supone que sus beneficios abonarán el 1% del Impuesto de Sociedades y que sus reembolsos lo harán al tipo de tributación general en el caso de las personas jurídicas.
De lo que no podrán disfrutar quienes inviertan en estos activos, que se prevé que sean sociedades de capital riesgo y grandes fondos de inversión internacionales especializados en este tipo de operativa (fondos distressed), es de la exención por el traspaso de fondos y de la deducción por doble imposición.
Otra de las grandes ventajas que podrán disfrutar, siempre que estas enmiendas se aprueben definitivamente, es que todos los movimientos de activos inmobiliarios en el entorno del banco malo estarán exentos del pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITT) y de Actos Jurídicos Documentados (AJD), lo que supone una media del 8% sobre el valor de cada inmueble en cada traspaso.
Lo previsible, aunque todavía no se conoce la definición última de la operativa de esta sociedad, es que haya entre dos y tres movimientos por cada inmueble: primero se traspasarán los activos de las entidades a la Sareb, posteriormente se distribuirán en distintos FAB y, por último, se adjudicarán a su comprador final. De estas tres operaciones, sólo se pagarán impuestos por la última, y los abonará el adquiriente, con lo que el ahorro para el banco malo (y su consiguiente traducción en rentabilidad para los inversores) será muy importante.
Se retrasa el pago de la plusvalía municipal
Por último, la normativa permite retrasar hasta el momento de venta definitiva el pago del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. En este caso, y pese a ser un porcentaje sustancial sobre el valor catastral del inmueble, la Sareb y los FAB no se ahorrarán el pago sino que se transferirá al momento de la venta. Este impuesto es una de las bases de los ingresos de los ayuntamientos, con lo que les causaría un grave quebranto su eliminación si se tiene en cuenta que puede suponer hasta un 5% del valor catastral de más de 150.000 activos.
En el Gobierno confían en que puedan atraer así a inversores internacionales que inviertan en los FAB y se encarguen de la posterior venta de los activos. Sin embargo, fuentes del sector financiero aseguran que es muy complicado que eso ocurra, ya que los fondos distressed están exigiendo una rentabilidad mínima anual media del 25% (en una inversión normal sólo la inversión del capital ya supone un 13%, a lo que habría que añadir en torno al 4% adicional de rentabilidad) y ni siquiera las facilidades fiscales permitirán que se alcance.