En el Debate Legal organizado trimestralmente por Funds People, los expertos debatieron sobre los futuros cambios que pueden sufrir las sicav, una industria de 35.000 millones de euros en España.
“Acabaremos con las sicav tal y como las conocemos ahora.” Con esta promesa electoral de Podemos coinciden las cuatro fuerzas políticas mayoritarias del Parlamento. Las diferencias podrían estar en la forma en que cada grupo plantea la transformación de las sicav, pero aquí también hay mucho consenso. Devolver a la Agencia Tributaria el control fiscal de las sicav es algo que todos apoyan. Además, donde Podemos dice “controlaremos el número real y efectivo de socios”, el pacto de gobierno entre PP y Ciudadanos concreta: “sólo se computarán a efectos del número mínimo de 100 accionistas, los que tengan una participación superior al 0,55%.” Sea como fuere, todo apunta a que será ¿o quizá no? Como así señala Jorge Ferrer, socio de finReg360, en la tercera edición del Debate Legal FundsPeople organizado en torno a las sicav, “en juego está una industria de 35.000 millones de euros”.
Los expertos legales reunidos por FundsPeople -que también debatieron entorno al margen de actuación del regulador nacional a la hora de transponer MiFID II y que saldrá publicado en la revista Funds People de febrero- coinciden y lamentan que las sicav sean carne de cañón para la demagogia política en tiempo de elecciones. Y aunque reconocen que sí hay cuestiones en las que se podría mejorar su funcionamiento, se muestran contrarios a lo que plantean los políticos.
Luis de la Peña, socio de Garrigues, considera que “cada vez que hay elecciones, las sicav son cuestionadas, pero en esta ocasión de manera más fuerte. Y el impacto de la amenaza de que algo puede cambiar ya se ha visto traducido en un gran número de fusiones, transformaciones, liquidaciones…”. En este sentido, Ricardo Plasencia, director legal de DLA Piper, apunta otra amenaza, “que permanezca la incertidumbre ante unas eventuales nuevas elecciones y, mientras tanto, quienes ganan son otras jurisdicciones como Luxemburgo o Irlanda”. En su opinión, las medidas que se tomen a nivel político deberían estar coordinadas. “Es contradictorio”, afirma “que el regulador promueva iniciativas para que se establezca la inversión extranjera en España, como el Welcome to Spain de la CNMV ante el Brexit, y al tiempo el gobierno aumente la fiscalidad de las sociedades, más aún en un entorno en el que países de la Unión Europea como Irlanda, con tipos de gravamen muy bajos en el Impuesto sobre Sociedades, son alternativas competitivas a la hora de decidir dónde establecerse”.
Gestión profesionalizada
Para Ferrer, que la facultad de supervisión vuelva a la Agencia Tributaria es un cambio que sí “parece que se producirá dado que hay consenso entre los cuatro grandes partidos”. Sin embargo, respecto a la forma en que se ha propuesto que se verifique la colectividad se muestra crítico. En su opinión, la condición se sicav requiere de dos requisitos: la gestión profesionalizada y la colectividad. Para Ferrer, “en la gestión profesionalizada de las sicav queda aún camino por hacer. Si bien, fruto de la reciente preocupación del regulador, la industria ha mejorado sus procedimientos y aún sigue haciéndolo”. En su opinión, “si se reforzasen los mecanismos para evitar la intervención de los accionistas mayoritarios en la gestión de la sicav, el mal uso que se ha hecho de este vehículo desaparecería”. Ahora bien, como así apunta Plasencia, “aquí entra en juego un tema crucial de derecho societario como es el control que ostenta el accionista mayoritario en una sicav y la capacidad para interferir en la gestión llevada a cabo por la gestora”. Según Plasencia, “las sicav permiten tener un control del accionista mayoritario que no se da en los fondos, esta es la diferencia”. A lo que de De la Peña apunta que, en realidad, “las sicav autogestionadas son escasas pues la mayoría sí tiene una gestora aunque el consejo tenga la llave para cambiarla”. Para Ferrer, la diferencia entre sicav y fondos también está en que los fondos se distribuyen activamente y las sicav, no “dado que van dirigidos a un público distinto”. Asimismo, apunta que lo verdaderamente relevante, y por lo que no entiende tanto revuelo, es que las sicav tienen un tratamiento fiscal igual al de los fondos de inversión.
Respecto a la colectividad, Ferrer explica que “se define porque sean vehículos abiertos en los que el inversor final tenga la capacidad de vender o comprar con cargo al patrimonio de la sicav y no porque se establezca un número mínimo de accionistas, algo que no ocurre en ningún país europeo”. Para De la Peña, lo grave de un posible cambio regulatorio en las sicav, sería que finalmente saliera adelante el porcentaje de participación superior al 0,55% a la hora de determinar el número mínimo de 100 accionistas. En su opinión, compartida por Ferrer, esto supone “hacer inviables a todas las sicav que ya tienen un gran colectivo de partícipes”. De la Peña entiende que “no está de moda fomentar la industria de las sicav sino endurecer su tratamiento fiscal lo que ya se está traduciendo en que cada vez hay menos. Se está jugando con la industria española de la inversión colectiva y el regulador tendría que cuidar de ella”.
