El sujeto pasivo es el intermediario financiero que transmita o ejecute la orden de adquisición.
El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros el anteproyecto de ley del Impuesto a las Transacciones Financieras, conocida popularmente como Tasa Tobin. Este impuesto gravará con un 0,2% las operaciones de compraventa de acciones de empresas españolas con una capitalización bursátil superior a 1.000 millones de euros.
El sujeto pasivo es el intermediario financiero que transmita o ejecute la orden de adquisición, y deberá presentar una declaración anual del impuesto, tal y como se ha avanzado. Con esta medida el gobierno ha estimado recaudar 850 millones de euros.
No se gravará la compra de acciones de pymes y empresas no cotizadas. También quedan fuera la deuda, tanto la pública como la privada, y los derivados. Asimismo, entre las adquisiciones que estarán exentas de dicho gravamen se encuentran las operaciones del mercado primario (salida a bolsa de una compañía), las necesarias para el funcionamiento de infraestructuras del mercado, las de reestructuración empresarial, las que se realicen entre sociedades del mismo grupo y las cesiones de carácter temporal.
El texto de la Tasa Tobin ya fue tramitado como anteproyecto de ley a comienzos de 2019, aunque decayó con la convocatoria electoral del 28 de abril. Ahora tiene que iniciarse su tramitación parlamentaria, por lo que aún tardará en entrar en vigor.
Reacciones
CECA considera que "la aprobación de un impuesto de esta naturaleza afectará a la competitividad de las empresas y de los mercados financieros españoles y, en general, al crecimiento económico y al empleo". Según indica, el impuesto discrimina a la empresa española frente a las empresas extranjeras, puesto que únicamente grava la adquisición de acciones españolas. "Por tanto, es previsible que genere una deslocalización de inversiones hacia otras jurisdicciones", añade.
En este sentido, creen que "para mitigar los efectos colaterales derivados del establecimiento unilateral del impuesto en España, su implantación debería llevarse a cabo de manera global o al menos coordinada en todos los países de la Unión Europea".
