La sostenibilidad ha copado buena parte del interés de la industria en los últimos años. No es para menos. La llegada de la SFDR ha obligado a las entidades a adaptarse, tanto su gama de productos como la información que ofrecen a sus clientes y la forma de relacionarse con ellos. Pero por si eso fuera poco, el pasado 2 de agosto entró en vigor la obligación de tener que preguntar al cliente por sus preferencias de sostenibilidad. Una vorágine regulatoria en la que las entidades han tenido que echar mano de despachos de abogados y consultores para saber qué pasos dar.
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